La Audiencia Provincial de La Coruña ha declarado que el pazo de Meirás es propiedad del Estado, tal y como decretó el Juzgado de Primera Instancia número 1 de La Coruña el pasado mes de septiembre. La sentencia tumba así el recurso de apelación presentado por la familia Franco y condena a los herederos a desalojar esas propiedades.
El tribunal sostiene que el inmueble nunca estuvo a nombre de Francisco Franco porque la donación realizada en 1938 por la Junta Pro Pazo del Caudillo en un pergamino no era "un título hábil" para reconocer la transmisión. Por ello, condena a los herederos de la familia Franco a desalojar el recinto, aunque los jueces descartan "mala fe" en la posesión por parte de los demandados porque, sostiene, nunca fueron requeridos por la Administración para que le entregasen el pazo y "llevan más de cuatro décadas utilizándolo de forma pública, pacífica, ininterrumpida y en concepto de dueños".
Así mismo el tribunal ha acordado declarar inexistente, desde el punto de vista jurídico, la donación del inmueble y las fincas realizada en 1938 a Francisco Franco. Los jueces también han decretado nula, por "simulación absoluta", la escritura de compraventa de 1941 por la que supuestamente le vendieron a Francisco Franco el inmueble
A pesar de desestimar el recurso de la familia Franco para recuperar el edificio y las fincas, los jueces sí que reconocen a la familia el derecho a ser resarcidos en los gastos necesarios en que incurrieron para la conservación del inmueble, pues consideran acreditado que realizaron "múltiples obras de rehabilitación y mantenimiento" y que, tras el incendio de 1978, ejecutaron "múltiples reparaciones". Los jueces entienden que es "obvio" que si el edificio hubiese estado abandonado durante 45 años "su estado actual sería ruinoso". La cantidad que deberá abonarles el Estado por esos gastos se definirá en la fase de ejecución de la sentencia.
Esta cuestión de los gastos ha suscitado las críticas del Ayuntamiento de Sada, cuyo alcalde, Benito Portela, ha confirmado que recurrirán la sentencia en relación a este asunto, y de la Diputación de La Coruña, cuyo diputado de Patrimonio, Xosé Luís Penas, lo ha calificado como una "anomalía".