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Las puertas de los centros penitenciarios de Lledoners (Barcelona), Puig de les Basses (Girona), y Mas d’Enric (Tarragona) acaparan la atención mediática estas semanas. El motivo, la reaparición de varios de los líderes independentistas en prisión por el ‘procés’. Sánchez, Cuixart, Forcadell, Bassa y Forn (cinco de los nueve encarcelados) ya han solicitado el régimen de semilibertad y se les ha concedido cuatro meses después de la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo de octubre. El texto que así lo permite es el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, pero ¿cómo funciona?
Sus penas de entre nueve y 13 años pueden llevar a pensar que no han pasado tiempo suficiente en la cárcel para que cumplan el resto de su condena disfrutando de salidas prácticamente diarias. Sin embargo, todos ellos entraron en prisión provisional entre octubre y noviembre de 2017, es decir, llevan más de dos años en la cárcel. Aún así ese dato es irrelevante para la aplicación del artículo 100.2, porque la ley no establece como requisito que el interno deba cumplir una parte específica de su pena para beneficiarse del él.
La junta de tratamiento de cada uno de los centros se reúne semanalmente, aunque también puede hacerlo de forma extraordinaria. Este equipo, formado por juristas, psicólogos, trabajadores y educadores sociales, médicos y maestros, es el que aprueba o rechaza las solicitudes de los presos y del equipo de su módulo. Para ello, valora diferentes criterios: su red familiar y social fuera de prisión, el trabajo al que puede acceder, el riesgo de reincidencia, su historial de antecedentes... pero sobretodo, la conducta y personalidad del interno, así como su contribución a la comunidad dentro del centro.
En el caso del exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, por ejemplo, aprovecha sus dotes de profesor universitario e imparte clases de varias materias a los presos de Lledoners.
Ho tornarem a ferEl nombre del libro Ho tornarem a fer (‘Lo volveremos a hacer’, en castellano), escrito por Jordi Cuixart, condenado a nueve años por sedición, resume el arrepentimiento de algunos de los líderes, que han defendido la organización y celebración del referéndum del 1-O de 2017 desde su entrada en prisión. Sin embargo, es necesario entender que la ley no establece que el preso deba mostrar arrepentimiento para flexibilizar su régimen.
Actualmente, las prisiones catalanas tienen 8.391 presos y la Secretaria de Mesures Penals aplica el 100.2 a 405 de media cada año. En muchos casos, para flexibilizar segundo grado (régimen en el que se encuentra la mayoría de internos del país) y en otros, para hacer lo propio con el primero (el más estricto). De todas maneras, la jueza de vigilancia debe valorar la postura de la Fiscalía y avala o revoca el acuerdo de la junta de tratamiento. Algo que hace a posteriori, mientras los internos ya pueden salir para trabajar, hacer voluntariado o incluso cuidar a un familiar.
El activista Jordi Cuixart y el exconseller Joaquim Forn saldrán de Lledoners varios días a la semana para trabajar (el primero, en su empresa de envasado - aunque también hará voluntariado - y el segundo, en Mediapro). Cuixart también hará voluntariado, igual que el expresidente de la Assemblea Nacional Catalana Jordi Sánchez. Por su parte, Dolors Bassa y Carme Forcadell dedicán la flexibilización de su régimen para cuidar de un familiar de edad avanzada.
Por su parte, el equipo de abogados de Raül Romeva ha asegurado que este ya ha solicitado el 100.2. Los de Junqueras, Rull y Turull, por su parte, lo harán los próximos días. Cabe recordar que todas estas salidas son independientes de los 36 permisos anuales de 24 horas a los que tienen derecho los presos que han cumplido una cuarta parte de su pena, como es el caso de los ‘Jordis’, que ya están aprovechando esta vía.
Otra de las opciones que permite a los presos disfrutar de salidas diarias es el artículo 117 del Reglamento Penitenciario. Este también flexibiliza el grado en el que cumplen su condena, pero con algunas diferencias. Fundamentalmente, reduce aquello a lo que el condenado debe dedicar sus horas fuera de la cárcel a tareas de voluntariado. Además, limita las salidas diarias a un máximo de ocho horas y sólo se aplica a internos clasificados en segundo grado (mientras el 100.2 también puede otorgarse a presos del primero).
Un caso conocido es el de Iñaki Urdangarín. El marido de la Infanta Cristina, condenado a cinco años y diez meses de prisión por delitos de prevaricación con malversación, fraude a la Administración Pública, tráfico de influencias y dos delitos fiscales, ingresó en prisión en junio de 2018. Él se acogió al artículo 117 del reglamento para hacer voluntariado en septiembre de 2019, poco más de un año después.