Justicia advierte en un comunicado que el proceso penal "está sometido de manera exclusiva y excluyente a la jurisdicción española" por lo que el tribunal belga que planea una demanda civil contra Llarena interpuesta por el expresidente catalán Carles Puigdemont y otros cuatro exconsellers fugados es competencia de España.
El Gobierno Español, que no descarta acudir al Tribunal de Justicia de la UE y si fuera necesario al de La Haya, avisa que "actuará en la medida proporcional y adecuada para proteger la inmunidad jurisdiccional" del país y "su potestad soberana del ejercicio de la jurisdicción".
El Ministerio de Justicia, además aclara que "en ningún caso" asumirá la defensa del magistrado del Tribunal Supremo español "por los actos privados que se le atribuyen".
Los ex miembros del Govern, Llarena consideran que el juez Pablo Llarena mostró en sus comentarios una falta de imparcialidad que le inhabilita para investigarles. Por ello solicitan ser indemnizados por el magistrado con una cantidad simbólica de un euro.
La demanda presentada en Bruselas incluye también referencias a expresiones y manifestaciones privadas hechas por el juez español Pablo Llarena ante las que el Gobierno no puede actuar, "puesto que supondría defender a un particular por afirmaciones de carácter privado ajeno a su función".