Ruanda y Australia tienen algo en común: entorpecer investigaciones por tortura

La credibilidad de Australia está en cuestión: por un lado, presume de tener grandes valores en asuntos como, por ejemplo, los derechos humanos; por el otro, no ha sido capaz de mostrar al mundo cómo salvaguarda dichos principios dentro de sus fronteras. La duda se cierne sobre el país después de que el Subcomité de Prevención de la Tortura (SPT) perteneciente a Naciones Unidas haya anunciado que ha puesto fin a su visita tras haber experimentado trabas a su investigación por parte de las instituciones australianas. 

Esta semana, el SPT anunció que suspendió su visita el 23 de octubre del año pasado debido a los “obstáculos” para concluir sus análisis en virtud del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (OPCAT), al que Australia está adherido desde 2017 junto a otros 91 países. Nueva Gales del Sur y Queensland fueron incapaces de “ofrecer garantías” al subcomité tras “bloquear el acceso” a algunas instalaciones de detención. Sin esas garantías, los investigaciones no se pudieron reanudar y finalmente han optado por la cancelación. Solo hay otra nación en el mundo que también ha puesto trabas a este organismo: Ruanda, donde decenas de informes de distintas organizaciones han determinado a lo largo de los años que se están cometiendo torturas por parte de los militares contra sospechosos de formar parte de grupos rebeldes.

El subcomité cuenta con 25 expertos independientes en derechos humanos que tienen la función de visitar los Estados que han ratificado el OPCAT y examinar cualquier lugar en el que haya personas privadas de libertad. Durante sus inspecciones en prisiones, centros de detención de menores, centros de detención de inmigrantes, hospitales, residencias de ancianos y centros para discapacitados, ayudan a prevenir las torturas y los malos tratos. Una vez finalizan las visitas, los investigadores plasman sus observaciones y recomendaciones a los países a través de informes confidenciales que recomiendan hacer públicos. 

La presidenta de la Comisión Australiana por los Derechos Humanos (AHRC), Rosalind Croucher, se ha lamentado de que “esta decisión deja en mal lugar el compromiso de nuestro país con la protección de los derechos humanos de las personas detenidas y va en detrimento de la posición internacional de Australia. Este resultado podría dañar gravemente la reputación de Australia como principal defensor de un sistema internacional basado en normas”, sentenció Croucher.

Ante la incapacidad de llevar a cabo dichas inspecciones, la duda es inevitable, ¿qué tiene que esconder Australia en asuntos relacionados con las torturas?  Desde hace varios años, la nación oceánica ha sido criticada por varias organizaciones relacionadas con los derechos humanos por su secretismo en cuanto al trato que reciben los inmigrantes en busca de asilo en los centros de detención. Según datos del Ministerio de Interior australiano, en la actualidad hay 1.089 personas detenidas en las 14 instalaciones que hay en el país. Un 58,4 por ciento de ellos llevan más de un año a la espera de que se regularice su situación.

Además, durante años se han producido detenciones extraterritoriales en centros que estaban ubicados en las islas del Pacífico, Nauru, Manus y Papúa Nueva Guinea. Según la Coalición Acción para los Refugiados (RAC) este modelo se diseñó “para ser tan brutal que los solicitantes de asilo se veían obligados a desesperarse y aceptaban volver a casa, a aquello de lo que habían huido”. Entre 2014 y 2018 fallecieron 12 refugiados y solicitantes de asilo en estos centros extraterritoriales. Uno de los casos más impactantes fue el de un hombre que se prendió fuego públicamente en el Centro Regional de Procesamiento de Nauru para protestar por el trato que recibía. Aunque ya no están operativos (hay sospechas sobre otros centros secretos en Indonesia), la gran mayoría de los refugiados de las islas han sido trasladados a otros centros locales o integrados en la comunidad después de pasar años detenidos. Varias personas se han quitado la vida tras ser puestas en libertad por problemas de salud mental relacionados con su detención. 

“Arrojar a la gente a lugares tan remotos significa también negarles la asistencia jurídica adecuada, los servicios médicos y el contacto con el público australiano. Nauru está a 3.000 kilómetros del continente australiano, mientras que la isla de Manus se encuentra a 300 kilómetros al norte de la isla principal de Papúa Nueva Guinea”, esgrime RAC en un comunicado. Además, según el Consejo de Refugiados, “las personas sometidas a los programas de detención soportan condiciones inhumanas; quienes trabajan en los centros de detención suelen estar sometidos a situaciones emocionalmente desgarradoras; y la reputación de Australia como nación justa y equitativa se ha visto erosionada”.

De las decenas de fallecimientos registrados entre 2000 y 2018 en todos los centros, al menos 20 fueron por suicidios. En la actualidad estos siguen sucediendo y hace un mes un inmigrante natural de Iraq se quitó la vida en su celda del centro de detención de Villawood, Sídney. La muerte del hombre de alrededor de 30 años de edad fue confirmada por el Departamento de Interior. Llevaba cinco años detenido a la espera de regularizar su situación en las instalaciones que han sido definidan por el portavoz de RAC, Ian Rintoul, no solo como una “fábrica de enfermos mentales” sino como una “fábrica de suicidios”. También se ha producido una situación reciente que compromete al Gobierno del laborista, Anthony Albanese, tras la puesta en libertad de 160 inmigrantes durante las últimas Navidades que han vuelto a ser detenidos este mes. Quedaron libres gracias a la sentencia de un tribunal federal que dictaminó que las condenas acumuladas (cuando alguien es condenado a una pena única por varios delitos) no cuentan a efectos de las disposiciones de cancelación automática de visados de la Ley de Migración. En lugar de apelar la sentencia, el Gobierno impulsó una ley en el Parlamento que fue apoyada por la oposición y que se aplicó de manera retroactiva a los afectados. Los 160 inmigrantes han pasado de sentirse libres a regresar a los centros de detención. 

Unas imágenes y audios filtrados en 2019 hablan por sí solos y evidencian la impunidad con la que operan los guardias de seguridad de estos centros. “Sinceramente, no tengo ni idea de cuántas denuncias he recibido”, afirma un celador. “¿Sabes cuántas veces me han investigado? Nunca. Se cierran sin más, porque saben que hago el trabajo que se supone que debo hacer”. Esto se pudo oír en uno de los audios sacados a la luz en relación a un detenido paquistaní que denunció las formas del guardia con él y con otros compañeros. En otra grabación, otro oficial aconsejó al detenido que retirara la denuncia por su bien.

Las minorías, ya sean inmigrantes o aborígenes, son los que más sufren la situación que denuncian las distintas organizaciones en favor de los derechos humanos. En el caso de los últimos, se han producido varias muertes de pobladores originales de Australia que estaban bajo custodia en distintas prisiones del país. Desde la creación en 1991 de la Comisión Real sobre Muertes de Aborígenes bajo Custodia, se han registrado 516 muertes de indígenas. Sólo en 2022 se han producido más fallecimientos en las cárceles que en los años anteriores con un total de 24.