El Ministerio de Igualdad llevará el próximo martes 17 de mayo la reforma de la ley del aborto al Consejo de Ministros para su aprobación en primera lectura. En este texto se recogen nuevas medidas como la posibilidad de que exista una baja laboral de tres días por dolores de regla graves. Además, también se prevé categorizar la gestación por subrogación como violencia contra la mujer.
En la ley que se llevará al Consejo de Ministros se apunta a que las mujeres con un cuadro médico de regla grave tienen la posibilidad de quedarse en casa o de que se flexibilice su jornada laboral durante tres días.
Por otro lado, en la misma reforma de ley se establece que, para acabar con la denominada 'pobreza menstrual', los centros educativos deban garantizar productos higiénicos para la menstruación de todas sus estudiantes.
Irene Montero, responsable de Igualdad, explicó que, con esta norma, "la salud menstrual pasará a ser un estándar determinante a la hora de valorar el acceso a la salud de las mujeres, y garantizarla será una obligación del Estado y los poderes públicos".
En este sentido, la ley abordará el hecho de que productos de primera necesidad para la mayoría de mujeres "sigan siendo enormemente costosos" o el posible desarrollo de una píldora anticonceptiva masculina para que las mujeres no sean las que siempre asuman la responsabilidad en esta materia.
Irene Montero, ministra de Igualdad, adelantó gran parte del contenido de esta iniciativa el pasado mes de febrero, durante su comparecencia ante la Comisión de Igualdad del Congreso, destacando medidas como el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) a las menores de 16 y 17 años de forma "autónoma" o la creación de un sistema para la objeción de conciencia como el que se aplica en la ya aprobada de la Ley de Eutanasia.
Sobre esto último, Montero indicó que el objetivo de esta reforma es que en los servicios de ginecología y obstetricia de los centros públicos se garantice esta práctica.
Para ello, según ha indicado, se respetará "escrupulosamente" el "derecho constitucional" a la objeción de conciencia", pero haciéndolo "escrupulosamente compatible con el derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos".
En este sentido, la reforma recoge que será la mujer quien decida el método de interrupción y en el centro de salud le darán la información necesaria para poder tomar esa decisión. Además se eliminará la obligación de reflexión de tres días.