Caso 'Bar España': 29 años de bulos creados por un peluquero que relacionaban a políticos con una red de pederastia y ritos satánicos
Los acusados se enfrentan a delitos contra la integridad moral, injurias y calumnias con publicidad que suman hasta 60 años de cárcel
Seis acusados por difundir el bulo de pederastia del Bar España, a juicio en Castellón
Casi tres décadas después del origen del llamado caso Bar España, los juzgados de Castellón ha comenzado este viernes el juicio contra once personas acusadas de difundir durante años el bulo que atribuía a políticos con cargos públicos, funcionarios y otras personalidades su participación en una supuesta trama de pederastia con base en un bar de Benicarló. La vista oral se prolongará hasta el 26 de octubre y supone la llegada a juicio de una causa centrada no en la existencia de aquella supuesta red, nunca acreditada judicialmente, sino en la difusión de acusaciones falsas y los perjuicios causados a quienes fueron señalados.
Periodistas, abogados y Pilar Baselga
Según informa El Confidencial, junto a Santiago Cordido García, editor del medio digital 'Actualidad Aquí', señalado como responsable civil, se hallan otros acusados como Joaquín Crespo, Nuria Carque, María Pilar Teresa Baselga, Juan Lankamp, Virginia Mota, Ramón Valero alias ‘Un técnico preocupado’, Valentí Figueres, Carlos García Viejo, José Eduardo Sánchez, Javier Fernández Torres (Abogados contra la corrupción). Hay que recordar que Pilar Baselga fue absuelta recientemente por asegurar que Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez sería una personas trans a la que llamaba “Begoño” y por vincularla con el narcotráfico
Todos ellos se enfrentan a acusaciones por delitos contra la integridad moral, injurias y calumnias con publicidad que sumarían hasta 60 años de cárcel. La causa reclama además una indemnización de 2,4 millones de euros para los perjudicados. Entre quienes aseguran haber sufrido daños por la difusión de estas informaciones figuran el expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra, el expresident de la Generalitat Francisco Camps, la exvicepresidenta del Consell Mónica Oltra y la exconsellera de Justicia Gabriela Bravo.
El origen de esta historia se remonta a 1997. Según reconstruye El Mundo, aquel año Reinaldo Colás, peluquero de Benicarló, denunció a la pareja de su exmujer por supuestos abusos sexuales a sus dos hijas menores. Después de que esa denuncia fuese desestimada, Colás sostuvo que las niñas habían sido captadas por una supuesta red de pederastia durante una estancia en un centro de menores de la comarca. Según su versión, las menores habrían sido trasladadas al Bar España de Benicarló, un establecimiento real que dio nombre a toda la historia.
Impulsado por los crímenes mediáticos de Alcàsser y Macastre
Con el paso del tiempo, de la denuncia original se pasó a la presunta existencia de una organización criminal dedicada a la explotación sexual de menores. Colás contó con el apoyo de Antonio Toscano, que se presentaba como periodista y criminólogo, para recopilar testimonios y grabaciones de personas que afirmaban haber sido víctimas de esa supuesta trama. Según el medio madrileño, el relato acabó incorporando referencias a rituales satánicos y a supuestas conexiones con representantes de la política, la judicatura, las fuerzas de seguridad y el mundo empresarial. También se relacionó con casos de gran impacto mediático como los crímenes de Alcàsser y Macastre, ambos en la Comunidad Valenciana.
Sin embargo, las investigaciones judiciales desarrolladas a partir de aquellas denuncias no acreditaron la existencia de la supuesta red de pederastia. Reinaldo Colás acabó siendo condenado por denuncias falsas, calumnias y difamaciones. Pese a ello, la historia continuó circulando durante años y encontró en internet un nuevo espacio de difusión.
Según recoge el auto de procesamiento, los ahora acusados habrían participado durante cerca de veinte años en la difusión de “continuas informaciones falsas aparecidas en distintas páginas, blogs y otros medios de comunicación” sobre una supuesta organización de “corrupción mafiosa, política, judicial y de pederastia”. La jueza instructora consideró que quienes difundieron esos contenidos no realizaron labores de contraste ni verificación y que ocultaron la retractación de los menores que habían servido como supuestos denunciantes, así como las resoluciones judiciales que desacreditaban aquellas acusaciones.
Las investigaciones sobre la difusión de estos contenidos fueron acumulando distintos procedimientos abiertos en juzgados de Castellón y Madrid. La instrucción llegó a reunir hasta 20 investigados y 17 perjudicados. En febrero de 2022 se acordó la apertura de juicio oral.