En realidad la llamada Ley de Desahucio Exprés, aprobada por la Comisión de Justicia del Congreso, es una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil que permite acelerar los desalojos si el propietario del inmueble es una persona física.
El objetivo de la ley es terminar con el calvario que para muchos propietarios supone recuperar una vivienda que ha sido okupada aprovechando su ausencia. Es lo que le ha pasado a la familia de Logroño, que al regresar tras el fin de semana se han encontrado su casa okupada por nueve personas. Según la dueño la vivienda estaba destrozada, con las paredes llenas de grafitis, "porros por todos lados, rayas de coca en la mesa, bebidas variadas, comida".
Si. A pesar del avance, sigue siendo necesario contratar los servicios de abogado y procurador con lo que supone de coste para el bolsillo.
Según la nueva ley podrán pedir "la inmediata recuperación de la plena posesión de una vivienda o parte de ella siempre que se hayan visto privados de ella sin su consentimiento" las personas físicas propietarias de vivienda, entidades sin ánimo de lucro y "entidades públicas propietarias o poseedoras legítimas de vivienda social".
En este caso, se trasladará una notificación a los okupantes, extensible a aquellos que en ese momento no se encuentren en la vivienda. Se exigirá a estos okupantes que justifiquen la situación de posesión. “Exclusivamente" podrán fundamentar su oposición a la demanda en "la existencia de título suficiente para poseer la vivienda o en la falta de título" por parte del demandante.
En caso de no aportarse "justificación suficiente, el tribunal ordenará mediante auto la inmediata entrega de la posesión de la vivienda". Contra este auto, reza la ley, "no cabrá recurso alguno y se llevará a efecto contra cualquiera de los okupantes que se encontraren en ese momento en la vivienda".
Asimismo, también se dictará sentencia "de inmediato" en caso de que el demandado no contestara al requerimiento en el plazo previsto de cinco días. La ley, además, posibilita la ejecución, si así lo solicitara el demandante, sin la necesidad de que transcurra el plazo de 20 días previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
No. La ley contempla la comunicación "a los servicios públicos competentes en materia de política social" en diferentes fases del proceso "si procediera su actuación", aunque no de oficio sino una vez se obtuviera consentimiento de "los interesados".
Al acordar la entrega de la posesión, se fija un plazo de siete días para que estos servicios públicos puedan "adoptar las medidas de protección que en su caso procedan".
Sin embargo, la proposición de ley no garantiza la alternativa habitacional para los desahucios y no tiene definidas medidas concretas para aquellos casos en los que las personas desahuciadas se encuentren en una situación de vulnerabilidad.
Establece, eso sí, la obligación de las administraciones públicas de incorporar en sus protocolos de vivienda "medidas ágiles de coordinación y cooperación al objeto de prevenir situaciones de exclusión residencial", con el fin de "dar respuesta adecuada y más lo más inmediata posible" a casos de vulnerabilidad.
Estos protocolos, subraya esta medida incluida en una disposición adicional, "garantizarán la creación de registros" donde incorporar "datos sobre el parque de viviendas sociales disponibles para atender a personas o familias en riesgo de exclusión".