Petra Ferreyra es la madre de Camila, una niña que sufrió “bullying” y la persona que ha demandado a la Comunidad de Madrid por irregularidades en la aplicación de protocolos de acoso escolar.
Tenía 10 años cuando sufrió el acoso de varios compañeros por ser madrileña afrodescendiente, de padre dominicano. Su madre ha contado que se metían con “su físico, con su color, su olor, su piel….”, Que la acorralaban en el patio e incluso la agredían físicamente en las clases de gimnasia: “le tiraban los balones al estómago”. Notó cómo su actitud fue cambiando, la sentían más irritable y dejó de estudiar. Fue entonces cuando decidió hablar con el colegio y pidió la apertura de un protocolo de acoso, que se desestimó a los pocos días porque solo fue “un conflicto leve”.
La directora del colegio público Cardenal Herrera Oria les dijo que su hija “era marroncita, color chocolate”, que tenía que “sacar carácter y acostumbrarse”. Esta misma persona fue obligada a dimitir por la Consejería de Educación madrileña porque había más casos denunciados. Además, la Inspección Educativa de la Comunidad de Madrid tardó casi diez meses en tener conocimiento de este caso concreto.
Tres años más tarde, el caso llega a un juzgado de lo contencioso-administrativo, donde se tratará la demanda presentada por la familia contra la Comunidad de Madrid. Los padres quieren que no se vuelva a repetir lo que consideran un caso fallido en la aplicación de protocolos contra el abuso escolar. La vista se celebra a puerta cerrada y está previsto que declaren ocho testigos y tres peritos -dos psicólogas y una pediatra-. La Consejería de Educación se ha defendido argumentando que la Unidad contra el Acoso escolar estudió el caso y no lo consideró como “el prototipo de un caso de acoso”.
La familia decidió cambiar a Camila de centro y llevarla a terapia, donde le detectaron un cuadro de estrés postraumático. Hoy, la niña tiene 13 años, estudia primero de la ESO sin sufrir acoso y sueña con ser profesora de educación especial.
La lucha de estos padres también ha llevado a lanzar en las redes la campaña #suspensoalRACISMO, con el objetivo de visibilizar y denunciar casos de “bullying” que hacen que la víctima cambie de colegio y necesite tratamiento psicológico, mientras los acosadores quedan impunes.