Con 278 votos a favor y 65 abstenciones, de los diputados de Unidos Podemos y algunos del Grupo Mixto, el Congreso sacaba adelante el Pacto contra la violencia machista. Este perseguía la protección perseguía la protección de las mujeres y sus hijos en todo momento con un total de 292 medidas institucionales, educativas, judiciales o sanitarias. Además, incorporaba como víctimas a las madres cuyos hijos hayan sido asesinadas por sus parejas o exparejas.
Para poder poner en marcha todas estas medidas, el pacto contaba con una financiación de 1.000 millones de euros, a repartir en cinco años. Sin embargo, hasta el pasado 31 de julio el gobierno no aprobó el reparto de los primeros 100 millones para las comunidades, lo que ha propiciado que un año después este no haya llegado a los Ayuntamientos y las Diputaciones.
Aunque en un principio fue un acuerdo muy celebrado, en la práctica, ha vivido once meses con cero euros en su bolsillo. En especial, llamó la atención que en abril de 2017 el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, presentara los Presupuestos Generales en el que no se contemplaban los 200 millones prometidos para el 2018, sino que incluía solamente los 80 millones reservados para la Administración Central.
La oposición y las movilizaciones de las organizaciones feministas obligaron al Partido Popular a rectificar y a incluir el dinero prometido en los Presupuestos Generales. Con la moción de censura y la llegada del PSOE al poder, el Ejecutivo ha comenzado a dar los primeros pasos para conseguir al pacto.
Cambio de gobierno
El 31 de julio, la vicepresidenta y ministra de Igualdad, Carmen Sotelo acordaba el reparto de los primeros 100 millones de euros con las comunidades autónomas, las cuales disponen de tan solo tres meses para ejecutar y justificar unos fondos que deberían haber recibido el primer trimestre de 2018. Ese dinero va destinado al mantenimiento y mejora de recursos y servicios sociales de atención a víctimas, inserción socilaboral, campañas de prevención y sensibilización y reforzar a menores, entre otras medidas.
Dentro del pacto, además, se contemplaban 20 millones de euros destinados a los ayuntamientos. Una cuantía que se duplicará el próximo año, pasando a los 40 millones. Asimismo, Sotelo anunció que quiere devolver competencias en materia de violencia de género a los municipios “para poder responder mejor en clave de política preventiva”.
Semana negra
El aniversario del Pacto contra la Violencia de Género llega en una semana trágica para las mujeres, con un total de cinco víctimas. El primer asesinato tuvo lugar el pasado martes 25 de septiembre, cuando un hombre mataba a sus hijas, de tres y seis años, en Castellón y posteriormente se suicidaba.
Ese mismo día, un hombre apuñalaba a su expareja de 39 años en Macarena cuando esta volvía de dejar a su hijo en el colegio. El presunto asesino era detenido horas después. En Bilbao, el cadáver de una mujer de 25 años de origen senegales aparecía en su domicilio junto a sus dos hijas pequeñas. Las niñas pasaron entre 24 y 36 horas junto al cuerpo sin vida de su madre.
Finalmente, el pasado 27 de septiembre, los efectivos de la Guardia Civil encontraban el cuerpo sin vida de una mujer con signos de violencia en el municipio malagueño de Torrox, Málaga. Posteriormente, su pareja era detenida. De los cuatro casos, en tres de ellos existía denuncia previa y en el último caso, la víctima había pedido asesoramiento jurídico.
En total, 962 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o ex parejas desde el 1 de enero de 2003. A esta cifra hay que sumar 27 menores víctimas de violencia de género desde el año 2013, el primero en el que se comenzaron a contabilizar este tipo de casos. Una lacra social que este 2018 se ha cobrado la vida de 38 mujeres y tres niños, además, otros dos casos con menores están siendo investigados. Contra estas cifras, las instituciones parecen haberse puesto a trabajar. Sin embargo, se necesitan fondos para concienciar, educar y proteger a las víctimas.