El Consejo de Ministros da luz verde al anteproyecto de la Ley de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia que, entre otras medidas, ampliará el plazo de prescripción de los delitos de agresión y abuso sexual contra menores. Actualmente se cuenta cuando la víctima cumple los 18 años y los delitos prescriben entre 5 y 15 años después, dependiendo de su gravedad.
Este cambio legal en materia de abusos sexuales a menores llega para alargar el tiempo de prescripción de estos delitos fue avanzada hace unos meses por la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, quien trasladó al secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, que el Ejecutivo modificará la ley para que los delitos de abusos sexuales a menores sean "imprescriptibles".
En esa ocasión desde el Ministerio de Justicia precisaron que la "imprescriptibilidad" de estos delitos era solo uno de los tres escenarios que el departamento barajaba. Además de la posibilidad de hacerlos "imprescriptibles", Justicia ha analizado que el plazo de prescripción empiece cuando la víctima cumpla 30 o 50 años.
Fuentes del Ministerio de Justicia han confirmado que la ampliación del plazo de prescripción ha encontrado encaje legal en la Ley de Violencia contra la Infancia. Sin embargo, no se precisa cual de los tres escenarios es el definitivo. Esta ley, al tener un rango orgánico, puede establecer cambios en otras normas como por ejemplo el Código Penal.
Si el Gobierno opta por que el tiempo empiece a contar cuando la víctima cumpla los 50, habrá asumido la propuesta formulada por expertos y ONGs, que reclamaban esta ampliación para garantizar que el delitos de abusos a menores no queda impune.
"En el caso concreto de los delitos contra la libertad e indemnidad sexual, cuando la víctima fuere menor de edad, los términos se computarán desde que la víctima alcance los 50 años de edad, y si falleciere antes de alcanzarla, a partir de la fecha del fallecimiento", reza uno de los artículos incluidos en el borrador que expertos y organizaciones redactaron sobre la norma y en el que trabajaron durante más de un año ya con el anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy.
Por su parte, la ministra de Sanidad, Consumo y Servicios Sociales, Maria Luisa Carcedo, insistió en que la intención del Ejecutivo es evitar que el abuso sexual haya prescrito cuando la víctima se anima a denunciar.
Por otro lado, recientemente la ministra avanzó que la ley incorporará el deber de cualquier persona de comunicar indicios de delito y "se garantizará confidencialidad y anonimato". Asimismo, adelantó que el anteproyecto normativo establece que los funcionarios de servicios sociales sean considerados 'autoridad pública' "en situaciones de emergencia".
Asimismo, los centros educativos tendrán que diseñar un protocolo frente a la violencia, que será de "obligado cumplimiento", además de nombrar a un responsable cuya actividad será supervisada por las comunidades autónomas. Del mismo modo, en el ámbito de los servicios sociales, sanitario y deportivo también deberán desarrollarse protocolos con este fin.