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El dispositivo policial contra bandas juveniles desplegado, el fin de semana, en Madrid, se saldó con varias detenciones e identificaciones. Y con un éxito claro porque no se produjo el temido fin de semana sangriento. Es lo que se pensaba tras los enfrentamientos entre las bandas Dominican Don't Play (DDP) y los Trinitarios, que se saldaron con dos muertos.
Los agentes inspeccionaron lugares habituales de reunión de los pandilleros y se incautaron de numerosas armas blancas. Son armas que la policía municipal ha incautado a unos menores cuando acababan de comprarlas o que han encontrado escondidas en arbustos y alcantarillas, esperando el momento de las reyertas.
Es una técnica habitual de las bandas urbanas que también emplearon en Atocha en la batalla a machetazos que acabó con la vida de Pepe. Los investigadores creen que los agresores eran también menores que se estaban iniciando en la banda de los DDP. No es ninguno de los fichados. De momento la venganza prometida de los Trinitarios se prepara pero no ha sido este fin de semana tomada la Comunidad por 1000 policías y guardias civiles.
A pesar de las cifras de detenidos apenas los son por pertenecer a las bandas urbanas violentas. Algunos vecinos grabaron unos hechos ocurridos en Parla, que investiga la policía, pero ha sido un fin de semana tranquilo por el efecto disuasorio. El problema la dificultad para mantener ese nivel de presencia policial y de cacheos durante semanas. Otro dispositivo preventivo contra bandas urbanas también se llevó a cabo en Zaragoza con 600 identificaciones y dos detenidos menores.
Las bandas, cuyo centro neurálgico está en Madrid pero también se encuentran en otras ciudades de España como Valencia, Barcelona o Zaragoza, volvieron a activarse después del parón como consecuencia del confinamiento decretado por el Gobierno en marzo de 2020 por el coronavirus. Según la investigaciones policiales, las bandas son manejadas desde la cárcel, al menos es lo que hacía el líder de los Dominican.
Los miembros de esa banda traficaban con drogas y con armas, participaban en robos con viviendas, falsificaban moneda y operaban como una organización criminal delictiva. Además exigían una cuota semanal a sus miembros, por lo que muchos menores se veían obligados a cometer robos para poder pagar.
En la mayoría de estos grupos, los componentes son menores de 14 años porque son "inimputables" desde el punto de vista legal. En España, la conocida como Ley del Menor señala en su artículo 3 que "cuando el autor de los hechos sea menor de 14 años, no se le exigen responsabilidades de acuerdo con esta Ley, sino que se le aplicará lo dispuesto en las normas sobre protección de menores previstas en el Código Civil y demás disposiciones vigentes". En la práctica, el Ministerio Fiscal deriva el caso a Servicios Sociales cuando tiene constancia del caso, pero en ningún momento se puede actuar contra el menor porque judicialmente no es responsable. Y eso lo aprovechan los líderes de estas organizaciones criminales.
El Ministerio del Interior trabaja con un censo de más de 600 grupos juveniles violentos activos en la actualidad en toda España, según figura en la ultima la actualización del 'Plan de actuación y coordinación policial contra grupos organizados y violentos de carácter juvenil', en vigor desde 2014.