Las familias víctimas de una okupación recibirán una vivienda social en Madrid
Los beneficiarios no pueden tener otra vivienda en el resto del país
Se kles exige titulo de propiedad y derecho de uso y denuncia ante policía
La unidad familiar no puede tener ingresos anuales superiores a 3.5 veces el IPREM
La Comunidad de Madrid incluirán como posibles beneficiarios para la entrega de una vivienda social a las unidades familiares que hayan perdido la suya como consecuencia de una okupación ilegal, según informa Noticias Jurídicas.
Según este medio especializado, "el Gobierno regional trata con ello de hacer frente al problema que supone la ocupación no consentida de vivienda cuando a consecuencia de ella su titular se ve privado de su residencia habitual y carece de otra solución habitacional. El objetivo de la norma es facilitar una solución de alojamiento a estas personas mientras dure la ocupación, en aplicación de la posibilidad prevista por el referido artículo 18.1 c) del Decreto 52/2016, de 31 de mayo".
La medida no se aplicará de forma automática sino que hay una serie de requisitos para poder beneficiarse de la iniciativa. Según el citado decreto, la vivienda okupada deberá ser la residencia habitual, la okupación deberá ser denunciada o los okupas han de ser personas ajenas y no consentidas, además de no disponer de un título que justifique la posesión del bien.
También se exige que ninguno de los miembros de la unidad familiar afectados disponga de otra vivienda de su titularidad en todo el territorio nacional, así como demostrar el pleno dominio o un derecho real de uso y disfrute de la vivienda okupada.
Finalmente se exige que la unidad familiar no cuente con ingresos familiares anuales superiores a 3.5 veces al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).
La norma aclara que se trata de una adjudicación temporal y que podrá tener un carácter oneroso aunque no descarta el gratuito.