La Fiscalía obligará a la Infanta a declarar en el juicio de Urdangarín y a pagar 500.000 euros de responsabilidad civil

Mientras la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma última su decisión, que hará pública mañana viernes a las 12:30 horas, la Infanta ya cuenta con una certeza: el fiscal Pedro Horrach considera a la hermana responsable de una conducta recogida en el artículo 122 del Código Penal: “El que por título lucrativo hubiere participado de los efectos de un delito o falta, está obligado a la restitución de la cosa o al resarcimiento del daño hasta la cuantía de su participación”.

Bajo este precepto, la Infanta Cristina no solo tendrá que devolver junto a su marido el dinero de origen supuestamente ilícito gastado con la sociedad Aizoon, propiedad de ambos, sino que también tendrá que comparecer en el juicio y declarar como responsable civil de esa sociedad. Lo mismo sucederá a los responsables de las otras 10 sociedades receptoras de fondos del Instituto Nóos.

En el caso de la Infanta, el fiscal Pedro Horrach aún está calculando la cifra que la hermana del Rey tendrá que devolver. Las primeras estimaciones situaban esa cantidad entorno a los 600.000 euros. Lo seguro es que superará los 500.000.

Este es el panorama más halagüeño al que se enfrenta la Infanta. Pagar medio millón de euros y tener que declarar como testigo en un juicio que se celebrará en aproximadamente un año.

El futuro de la Infanta

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma resolverá a las 12:30 horas los recursos presentados por todos los imputados por el juez José Castro en su auto del pasado mes de julio, en el que transformaba en procedimiento abreviado las diligencias previas abiertas en 2011 bajo el nombre de Pieza Separada 25, más conocida como caso Nóos o caso Urdangarín.

Las tres posibilidades que se plantean a la Infanta van desde que se estime su recurso y todo se quede en esos 500.000 euros y su declaración como testigo, al rechazo de su recurso o la estimación parcial del mismo.

El rechazo del recurso tiene un resultado obvio. La Infanta se sentaría en el banquillo acusada del delito fiscal y el blanqueo que le imputó el juez Castro.

La estimación parcial del recurso abriría todo un culebrón judicial y, por cierto, es la posibilidad de la que más se habla por los pasillos de la Audiencia mallorquina. Veremos.

Si la Audiencia estima el recurso solo para los dos delitos fiscales que le imputan, la Infanta se sentaría en el banquillo sí o sí acusada de blanqueo de capitales, penado con dos años de cárcel.

En el caso de que estimen su recurso contra el blanqueo pero no para los dos delitos fiscales, nos encontramos con un nuevo panorama: la socorrida ‘doctrina Botín’ del Tribunal Supremo.

Básicamente consiste en que los delitos cuyo afectado es el Estado, sólo podrán ejercer la acusación las partes legitimadas para defender a ese Estado, es decir, Fiscalía y Abogacía del Estado. En el caso de que fiscal y abogado del Estado no acusen, como ocurre con la Infanta, la acusación popular, aquí representada por Manos Limpias, no estaría legitimada para mantener el principio acusatorio. Cosas del Tribunal Supremo.

Aún no sabe si tendrá que compartir banquillo con su marido. De lo que no se librará bajo ningún concepto es de testificar en el juicio que se celebrará aproximadamente dentro de un año en la Audiencia Provincial de Palma.

La Fiscalía Anticorrupción no le imputa ningún delito, pero sí considera que ha participado -a título lucrativo- de los efectos de los delitos cometidos por su marido.

Por ello, el fiscal, en su escrito de acusación, reclamará a la Infanta Cristina que devuelva el medio millón de euros largo que desde 2004 gastó junto a su marido a través de la sociedad Aizoon, propiedad de ambos.

La mayor parte de esos 500.000 euros de origen ilícito gastado por el matrimonio básicamente se empleó en las obras de reforma del Palacete de Pedralbes, ahora bajo embargo judicial.

Este es el futuro penal más halagüeño que le espera a la Infanta. Si la Audiencia rechazara el recurso que interpuso contra su imputación, nos encontraríamos ante un panorama tan inédito como incierto. Sin la acusación de la Fiscalía solo podría ser juzgada si la Audiencia le mantiene el delito de blanqueo de capitales.