Cae una red de estafas inmobiliarias que defraudó más de un millón de euros: hay 19 detenidos en Cataluña y tres en Sevilla
Los Mossos d'Esquadra acreditaron la existencia de 13 actas de otorgamiento de poderes notariales fraudulentos mediante DNI falsificados
Entre las víctimas hay propietarios de las fincas sobre las que se realizaron actas notariales fraudulentas y los inversores
BarcelonaLos Mossos d'Esquadra han desarticulado una red criminal implicada en estafas de más de un millón de euros en el ámbito inmobiliario de toda España, en un dispositivo que ha culminado con la detención de 19 personas en diferentes localidades de Cataluña y tres más en Sevilla, donde se ubicaban los principales líderes del entramado.
La investigación de la policía catalana empezó el pasado mes de mayo a raíz de la denuncia en Figueres (Girona) de un despacho notarial por una supuesta estafa de grandes cantidades económicas perpetrada de forma continuada por parte de una organización criminal.
Este entramado estaba especializado en la simulación de poderes notariales sobre inmuebles, que no eran de su propiedad para acabar solicitando unos créditos que no devolvían a inversos privados, con las propiedades como aval en caso de no devolver el dinero. De esta forma, lograron defraudar más de 1.200.000 euros a diferentes víctimas.
El perfil de las víctimas
Entre las víctimas de las estafas hay principalmente los propietarios de las fincas sobre las que se habían realizado actas notariales fraudulentas en nombre de los titulares y los inversores que habían adquirido la opción de compra, confiando en la legitimidad del poder notarial.
"Unos inversores que difícilmente podían haber detectado la estafa antes de que finalizara el plazo de retorno del crédito", ha explicado la policía catalana que también recibió denuncias por parte de los intermediarios y asesores que habían puesto en contacto a los acreedores con los autores de las estafas.
Durante la investigación los agentes pudieron acreditar la existencia de trece actas de otorgamiento de poderes notariales fraudulentos mediante DNI falsificados así como siete estafas consumadas por valor superior a 1.200.000 euros.
El 'modus operandi': cuatro fases diferenciadas
Las primeras gestiones de investigación determinaron que uno de los principales líderes se movía entre Sevilla y Cataluña, y el timo se componía de cuatro fases, condicionadas a la comisión previa de delitos de usurpación del estado civil y falsificación documental para perpetrarla.
La primera de ellas se centraba en la búsqueda en portales de compraventa de inmuebles de alto valor económico que pudieran llamar la atención de inversores. De este modo, los investigados solicitaban información por diferentes vías, como el Registro de la Propiedad para conseguir los datos personales de los propietarios y saber si los inmuebles seleccionados estaban libres de cargas.
Unas comprobaciones enfocadas a que futuros inversores pudieran inscribirse una opción de compra sobre los productos inmobiliarios. Una vez obtenían los datos de los titulares de las fincas, elaboraban documentación falsa para usurpar la identidad de los propietarios y otorgar poderes notariales para la libre disposición de la finca en favor de otro de los miembros del entramado criminal.
Se trataba de un abogado, que actuaba como apoderado y que fue detenido el día de la explotación de la investigación. Con los poderes otorgados empezaban a concretar operaciones con inversores inmobiliarios, contactando con asesores o intermediarios de financiación.
Créditos de hasta 300.000 euros
Los investigados simulaban alguna situación personal de necesidad y en la que la persona titular se había visto obligada a otorgar poderes notariales a un tercero, solicitaban un crédito de importe elevado, a menudo de entre 100.000 y 300.000€ euros, que querían avalar con el poder avalar con la misma.
Con las condiciones de la operación financiera acordadas, las partes se citaban ante notario para materializarla con las pertinentes firmas y la entrega del importe del crédito mediante transferencia bancaria. Así, la última fase de la acción delictiva consistía en la división del beneficio obtenido entre los miembros de la organización y la realización de inversiones, compras y movimientos bancarios con el objetivo de ocultar el origen ilícito del dinero.
Los investigadores acreditaron la adquisición de inmuebles de forma conjunta entre algunos investigados, así como operaciones de inversión y compras de vehículos y sociedades en fechas inmediatamente posteriores a las de las consumaciones de las estafas.
