Maricarmen, de 87 años, pide ayuda para frenar su desahucio en el barrio del Retiro, Madrid: "Todavía tengo mucha guerra que dar"

Madrid“Esta es mi casa, este es mi barrio, y yo todavía tengo mucha guerra que dar”: es el grito de Maricarmen, quien a sus 87 años se ha visto obligada a luchar por permanecer en el piso en el que lleva viviendo casi 70 años. Un fondo buitre le exige un alquiler inasumible y ella se niega a irse.

“Vivo en esta casa del barrio del Retiro desde el año 1956. Llevo aquí toda mi vida desde que tenía 17 años. Es la casa donde he crecido, donde murieron mi padre y mi madre”, explica en un vídeo publicado por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, que la ha acompañado en su lucha.

Maricarmen pide ayuda para frenar su desahucio

El desahucio está programado para el 29 de octubre a las 8:30 en el número 46 de la calle Alcalde Sáinz de Baranda. En esta fecha y lugar, la vecina ha pedido que la acompañen para tratar de frenarlo.

“Nos toca resistir y nos toca luchar. Podemos hacerles frente, pero necesitamos ser muchas”, asegura.

Previamente, hay convocada una movilización de apoyo el lunes 27 de octubre a las 18:30 junto a la Biblioteca Pública Eugenio Trías-Casa de Fieras de El Retiro.

Asimismo, el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid se ha movilizado en redes para que los usuarios que quieran apoyar a Maricarmen envíen fácilmente un correo electrónico a Urbagestión exigiendo negociar con la afectada para alcanzar una solución.

¿Por qué hay programado un desahucio?

Para entender la lucha de Maricarmen hay que remontarse al año 1956, cuando su padre firmó un contrato de arrendamiento con unas condiciones que ha arrastrado Maricarmen hasta la actualidad.

Esto se explica porque entre los años 1950 y 1985 la legislación española establecía que los contratos de arrendamiento de vivienda tenían carácter vitalicio y podían ser heredados por el cónyuge y los descendientes que habitasen el domicilio.

En 1985, el decreto Boyer acabó con la medida, pero solo para los contratos suscritos a partir de entonces. Los anteriores mantuvieron su régimen de indefinidos y se conocen como ‘contratos de renta antigua’.

El contrato solo lo firmó su padre, porque “el machismo vigente durante el franquismo hizo que la firma fuese solo del "cabeza" de familia, relegando a la mujer a un segundo plano”, explican desde el sindicato, lamentando que de haberse firmado hoy, “ambos padres habrían sido cotitulares”.

Esta circunstancia ha marcado el rumbo de esta historia, ya que, el contrato podía ser subrogado en dos ocasiones. La primera de ellas se produjo con la muerte de su padre en 1960 y la segunda, con la de su madre, en 2005, explican desde el sindicato.

En esta segunda ocasión, la legislación establece que la subrogación tiene una duración de dos años, salvo en caso de que la discapacidad de la persona fuese mayor del 65%.

En el caso de Maricarmen, su contrato habría expirado en 2007 ya que, aunque tiene una discapacidad reconocida del 50%, esta es insuficiente para cumplir con el requisito.

No obstante, su calvario comenzó años después. En 2018, la familia propietaria del bloque de pisos donde vive vendió la finca a Renta Corporación, uno de los grandes holdings inmobiliarios.

La inmobiliaria le ofreció comprar su piso, pero Maricarmen rechazó la oferta al no poder permitírselo. Como consecuencia, en 2020, se lo vendieron a Urbagestión Desarrollo e Inversión SL, una empresa especializada en análisis y asesoramiento de inversiones inmobiliarias.

La empresa quiso desahuciar a Maricarmen desde el principio al pedirle una renta que es incapaz de pagar: “Me exigen un alquiler de 2.650 euros, que lógicamente con mi pensión de 1.450 euros no puedo”.

Aunque los jueces dieron primero la razón a Maricarmen, finalmente y tras recurrir el caso, el Tribunal Supremo reconoció en el mes de marzo la posición de Urbagestión Desarrollo e Inversión SL.

Ante tal decisión, desde el sindicato se preguntan si no se tienen en cuenta los 15 años que Maricarmen ha vivido en esa casa como titular del contrato y subrayan que por eso no todos los jueces dieron la razón a Urbagestión. “¿Prima la subrogación tácita al no haber comunicado la expiración de ese contrato? ¿O el hecho de que a Maricarmen le falte un 15% de discapacidad para que el contrato sea indefinido?”, cuestionan.

Piden al Gobierno contratos indefinidos

Maricarmen no quiere marcharse y ha iniciado una lucha con la ayuda del sindicato. “Me niego a irme de mi casa. Voy a luchar por ella. Hay muchísimas personas que están en mi misma situación. No podemos permitir que los especuladores nos echen de nuestras casas para hacerse más ricos. No es justo y no debería ser legal”, clama.

Asimismo, pide al Gobierno cambiar estas situaciones “con contratos indefinidos, como ya sucede en muchos puntos de Europa”.

Desde el sindicato piden una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que proteja a personas vulnerables como ella, una iniciativa que han calificado como” enmienda Maricarmen”. Defienden que esta lucha no es “individual”, es la de “todas para acabar con las expulsiones. Para poder tener proyectos de vida estables. Para vivir tranquilas”.

Por ello, llaman a movilizarse el lunes 27 de octubre y a parar el desahucio de Maricarmen el miércoles 29: “Maricarmen se queda en su casa y nosotras nos quedamos con ella en Madrid. No vamos a parar hasta conseguir los contratos indefinidos y expulsar a cada buitre de nuestros barrios”.