El novio de Isabel Díaz Ayuso propuso aceptar ocho meses de cárcel y 525.000 euros para evitar el juicio

Nuevos documentos relacionados con el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, han salido a la luz justo un día antes de la reunión de la Junta de Fiscales sobre su presunta implicación en los delitos de fraude fiscal y falsedad documental, como recoge La Cadena Ser.

Al parecer la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid propuso a la Fiscalía un acuerdo en el que asumía ocho meses de cárcel y 525.000 euros para así evitar el juicio, según informan en el vídeo Lorenzo García-Campoy y Julio Muley.

El documento, de ocho páginas, Alberto González admite el fraude fiscal por el que acepta cuatro meses de cárcel por cada uno de ellos. "Acepta íntegramente" la existencia de "dos delitos contra la Hacienda Pública por el impuesto sobre sociedades, 2020 y 2021" y su "autoría" como administrador único de la sociedad Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad Para el Fomento del Medio Ambiente SL.

"Asumir una multa del 40% de la cuota defraudada"

La defensa reconoce una cuota defraudada de 155.000 euros en el ejercicio relativo a 2020 y de 195.951,49 euros por el ejercicio de 2021, lo que se traduce en 350.951 euros más intereses de demora. Además de la pena de prisión, propone asumir también "una multa del 40% de la cuota defraudada", lo que elevaría el importe a unos 520.000 euros.

Explica que aunque intentó realizar una regularización tributaria, la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) le avisó de que esta "supuesta regularización" no puede "operar como causa exculpatoria o de exoneración de responsabilidad", con lo que está "completamente de acuerdo".

"Teniendo en cuenta el resarcimiento del daño asociado a esta propuesta de conformidad penal, y que no estamos en ningún caso ante un delito agravado, se propone una pena de prisión de 4 meses por cada delito a imponer", recoge el escrito.

Asimismo, la defensa de Alberto G.A. plantea "la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de 9 meses".

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