Más de 50 periodistas reivindican el deber constitucional de informar del caso contra el fiscal García Ortiz

MadridUn total de 55 periodistas, que cubren información de tribunales e interior, han reivindicado el "derecho de la sociedad a una información veraz sobre procedimientos judiciales de enorme trascendencia social e institucional". La protesta es la respuesta de los comunicadores tras la imputación a cuatro periodistas por publicar un informe de la Guardia Civil sobre el caso abierto al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Los profesionales de la información, que defienden haber cumplido con su "deber constitucional", han remitido un escrito de protesta a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo (TS), Isabel Perelló; al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Celso Rodríguez; y a la decana de los Juzgados de Madrid, María Jesús del Barco.

Los firmantes han reaccionado a las citaciones como investigados de cuatro periodistas, de El País, El Mundo, 20 Minutos, que ya tienen cita para el 19 de junio ante el Juzgado de Instrucción Número 20 de Madrid por publicar el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre las conversaciones de WhatsApp y los correos electrónicos intervenidos a la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por orden del Supremo.

El juzgado madrileño dio este paso después de que el instructor del caso contra García Ortiz, el magistrado Ángel Hurtado, les derivara las quejas formuladas tanto por las defensas del fiscal general y de Rodríguez como por la acusación particular que ejerce Alberto González Amador, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por las filtraciones sobre las pesquisas judiciales.

Los informadores llaman la atención sobre el hecho de que la juez de Madrid atribuye indiciariamente a los cuatro imputados un delito de revelación de secretos del artículo 199 del Código Penal (CP), a pesar de que las quejas de las defensas y de la acusación "invocan el artículo 466.2 del CP o el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal".

Los periodistas recuerdan que los preceptos invocados "conciernen a las partes del proceso judicial o a funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, y no a los profesionales de los medios de comunicación, amparados por el secreto profesional que consagra la Constitución". "Una garantía frente a las injerencias del poder que intentase disuadirnos de cumplir con nuestra función constitucional", subrayan.

Los periodistas defienden el derecho de la sociedad a una información veraz

Los profesionales, aunque admiten su "pleno respeto a la independencia judicial y su convicción de que los periodistas, como todos los ciudadanos", están "sometidos a la ley y a la Justicia", rechazan "la apertura de investigaciones que pueden afectar gravemente al derecho de la sociedad a una información veraz sobre procedimientos judiciales de enorme trascendencia social e institucional".

"Si los periodistas que se han limitado a cumplir con su deber constitucional de difundir informaciones debidamente contrastadas en un asunto de indudable interés público se ven sometidos a investigaciones penales por ejercer su oficio, amparado por el artículo 20 de la Constitución, tanto ellos como sus fuentes de información padecerán el efecto disuasorio ('chilling effect') que los tribunales internacionales, europeos y españoles han considerado extremadamente perjudicial para las sociedades democráticas", avisan.

Por último, reivindican "la independencia, profesionalidad y honestidad de los compañeros investigados y de los que pudieran verse en la misma situación en fechas futuras, dado que son múltiples los medios que vienen publicando de igual forma el contenido de la causa mencionada".

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