Agresión sexual

Condenado a tres años un educador de un centro de Aia, Guipúzcoa, por agredir sexualmente a una menor tutelada

Audiencia Provincial de Gipuzkoa.. Europa press
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San SebastiánEl educador de un centro residencial de menores de Guipúzcoa ha sido condenado a tres años de cárcel por agredir sexualmente, entre los años 2019 y 2022, a una niña tutelada por la Diputación guipuzcoana, cuando ella tenía entre 13 y 14 años.

La Fiscalía solicitaba 11 años de prisión para el acusado, pero un acuerdo, previo a la vista oral, entre las partes, ha rebajado la pena de prisión a tres años. Además, el condenado deberá pagar una indemnización a la menor de 20.000 euros por los daños morales ocasionados; una vez que salga de prisión estará siete años más de libertad vigilada, no podrá acercarse a la víctima ni comunicarse con ella durante 12 años y tiene prohibido ejercer una profesión relacionada con menores durante seis años.

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Los hechos, por los que ha sido condenado, ocurrieron entre 2019 y 2022, cuando la víctima era una niña de 13 años, en situación de desamparo. El ahora condenado por agresión sexual a menor de 16 años era un educador del centro residencial de menores Iturriotz-Azpi de Aia.

Otros casos

El juicio estaba previsto que se celebrara esta misma semana en la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, pero un acuerdo previo entre la acusación particular, la Fiscalía y la defensa ha fijado en tres años la pena que deberá cumplir este monitor. El inculpado ha reconocido los hechos y las acusaciones han accedido a rebajar su petición de condena, tras modificar sus conclusiones provisionales y aplicarle la atenuante de dilaciones indebidas. El acuerdo ha evitado a la víctima tener que declarar en la vista oral.

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La vulnerabilidad de los menores en situación de desamparo, tutelados por las administraciones, los convierte en las víctimas propicias para agresores sexuales y redes de explotación sexual. En 2024, la Fiscalía de menores, el juzgado de Instrucción número 4 de Vitoria y la Ertzaintza pusieron en marcha una investigación ante un posible nuevo caso de prostitución de menores en un centro tutelado por la Diputación Foral de Álava de la capital alavesa, el segundo en ocho años tras el conocido como 'caso Sansoheta', en el que nueve hombres adultos fueron condenados por contratar los servicios sexuales de siete menores que se encontraban bajo la tutela foral.