Los vecinos de la menor violada por su padre en Usera afirman que alertaron en varias ocasiones del riesgo que corría la víctima

MadridEl caso de la menor de 8 años violada por su padre y otros dos amigos en el barrio de Usera en Madrid enfrenta a los servicios sociales del ayuntamiento de la capital con los de la Comunidad que preside Isabel Díaz Ayuso. Según informa este miércoles El Mundo, funcionarios del Centro municipal de atención a la infancia de Usera, alertaron varias veces de la situación de riesgo que atravesaba la menor al tiempo que reclamaron la adopción de medidas de protección, algo que desde la Comunidad de Madrid se niega, lo que dejó desamparada a la víctima. Una situación de peligro que los vecinos aseguran haber trasladado en múltiples ocasiones.

Los hechos ocurrieron el sábado 4 de octubre sobre las 7.30 horas, cuando la madre de la menor contactó con los servicios de emergencias alertando de que la niña había sido violada por su propio padre, según ha informado la Policía.

A su llegada al lugar de los hechos, los agentes de Policía Nacional y efectivos sanitarios confirmaron que efectivamente la menor había sufrido una agresión sexual con penetración, por lo que procedieron a la detención del padre. La menor fue trasladada a un hospital para su valoración médica.

Junto a él fueron detenidos otros dos hombres que, según fuentes cercanas al caso, convivían en el mismo domicilio y no era la primera vez que ocurría una situación similar. Además, en la habitación donde se produjeron los hechos los agentes localizaron restos de consumo de sustancias estupefacientes.

Falta de coordinación entre Ayuntamiento y Comunidad de Madrid

La investigación del diario El Mundo revela que, a pesar de las alertas previas del entorno, los funcionarios municipales no lograron coordinarse eficazmente con la Comunidad de Madrid para garantizar la protección de la menor.

Según informes, vecinos de la menor alertaron en varias ocasiones la situación de riesgo para la víctima, así como circunstancias sospechosas y evidencias de consumo de estupefacientes, pero no se activaron protocolos de intervención inmediatos. La Policía Municipal llegó a presentarse varias veces en el domicilio alertados por denuncia por ruido excesivo.

La falta de comunicación entre los niveles municipales y autonómicos impidió que se compartieran datos relevantes sobre el riesgo que enfrentaba la niña. Por su parte, los servicios sociales de la Comunidad de Madrid, responsables de la protección infantil a nivel regional, insisten en que no fueron informados de las denuncias previas ni de la situación de riesgo de la víctima, lo que retrasó la intervención y la protección efectiva de la menor.

La falta de coordinación entre ambas instituciones es aún más evidente al conocerse que no era la primera vez que la víctima sufría abusos sexuales. En 2023, agentes de la s Unidades de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional denunciaron ante los juzgados una agresión sexual a la menor. El tribunal absolvió a los padres, aunque mantuvo abierta una causa por lesiones.

Los hechos forman parte de un expediente abierto en la Comunidad de Madrid, aunque por situación de riesgo, no de desamparo, y recalcan que no recibieron alertas de agresiones sexuales, porque de haberse constatado, aseguran que habría intervenido de inmediato.

Según El Mundo, esta fragmentación en la gestión de casos de riesgo infantil responde a deficiencias estructurales en la coordinación entre ambas administraciones. La falta de un sistema unificado y protocolos claros para la comunicación y actuación conjunta habría contribuido a que la niña permaneciera en un entorno peligroso, a pesar de las alertas. La situación ha generado críticas hacia las instituciones responsables, que reconocen la necesidad de mejorar los mecanismos de colaboración para evitar que casos como este vuelvan a repetirse y garantizar la protección efectiva de los menores en situaciones de riesgo.

Críticas desde la Delegación del Gobierno

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha calificado de "verdaderamente dolorosa y absolutamente repugnante" la violación de la menor, un suceso que "demuestra la importancia" de luchar contra la violencia sexual y tras el que insiste en "reclamar que el Partido Popular participe" en la mesa de trabajo impulsada por la Delegación del Gobierno para este asunto.

Martín ha destacado que el caso evidencia la necesidad de luchar contra la violencia sexual "en todos los ámbitos", para lo que se requiere "el compromiso total de la sociedad y de todas las instituciones".

El delegado ha recordado que la Delegación del Gobierno constituyó en 2024 una mesa de trabajo para analizar la evolución de las violencias sexuales en la región, identificar nuevas medidas de prevención y fortalecer la atención a las víctimas. En este sentido, ha lamentado que "el Partido Popular sea el único que no ha querido participar" en esta iniciativa, y ha vuelto a pedirle que se sume.

"Vuelvo a reclamar que el Partido Popular participe, si es que tiene algo que proponer, para mejorar la situación de la violencia sexual y, entre todos, dar una respuesta lo más eficaz posible para terminar con esta barbaridad", ha remachado el delegado del Gobierno.