Sindicatos y consumidores reclaman poder saldar la hipoteca con la vivienda

El dirigente de CCOO de Cataluña, Joan Carles Gallego, uno de los promotores de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que secundan ocho entidades catalanas, aseguró en declaraciones a los medios de comunicación que el objetivo de esta propuesta es poner freno a una situación "injusta, irregular, y que sólo beneficia a la banca".

El secretario general de ADICAE, Fernando Herrero, dijo que se trata de una reivindicación tradicional de los consumidores para acabar con el problema de las familias que, tras ver embargada su vivienda por falta de pago, siguen debiendo hasta el 50 % de su valor a la entidad financiera.

Aún así, Herrero aclaró que la iniciativa no pretende que exista una "barra libre" de entrega de llaves a cambio de la deuda, sino que quiere lograr una regulación "razonable y justa que evite una condena de por vida por culpa del abuso bancario".

Especificó que, para que la entrega de un inmueble saldara la hipoteca, debería tratarse de la vivienda habitual y su dueño tendría que demostrar que es un deudor de buena fe, es decir, que "que no paga porque no puede, no porque no quiere".

Por su parte, el secretario general de UGT de Cataluña, Josep María Álvarez, afirmó que el derecho a la vivienda debe ir en paralelo con unas hipotecas justas "que no aten de por vida a las personas" y confió en que la iniciativa prospere, ya que considera que el Parlamento "es la voz del pueblo, no de la banca".

Según el secretario general de ADICAE, entre 2007 y 2010 se han producido 270.000 ejecuciones hipotecarias, pero calcula que con una eventual subida de los tipos de interés esta cifra "podría multiplicarse y alcanzar hasta a 500.000 familias".