La ministra ha hecho estas declaraciones en respuesta al senador del grupo parlamentario Entesa Catalana de Progrés, Jordi Guillot Miravet, quien ha preguntado por la opinión del Gobierno de España sobre este festejo.
Espinosa ha argumentado que en una proposición no de ley se acordó llevar a cabo este tipo de debates a un grupo de trabajo de alto nivel, con la participación de las comunidades autónomas y los agentes sociales, de modo que puedan dársele "soluciones rigurosas y serias, sin demagogias ni intereses partidistas".
También ha abogado en su intervención por "el respeto a la legalidad vigente en el marco de las competencias que corresponden, constitucionalmente, a las diferentes administraciones".
En esta línea, ha recordado que la celebración del Toro de la Vega recae en la Comunidad Autónoma de Castilla y León y en el Ayuntamiento de Tordesillas, que son los que tienen las competencias en este tipo de festejos, conforme al Decreto de 2008 por el que se aprobó el Reglamento General Taurino de la citada Comunidad Autónoma.
Finalmente, Espinosa ha asegurado que el Gobierno conoce el debate que existe entre los que defienden el respeto riguroso de los derechos de los animales, y los que piensan que estos festejos son una tradición de interés cultural con una base de actividad económica importante.