La confesión de Julito Martínez señala también al Gobierno que mantiene que el rescate de Plus Ultra fue legal

Las acusaciones del presunto testaferro de Zapatero señalan, inevitablemente, al entorno del Gobierno porque alguien habría cedido a las presiones de Zapatero. Si hay un influenciador es que hay un influenciado. El Gobierno se defiende. Insiste en que el rescate de Plus Ultra fue un rescate limpio, bien hecho y que es muy difícil manipular un expediante así.

Defienden la correcta actuación del Gobierno, de la SEPI, dependiente de Hacienda, cartera en manos en aquel momento de María Jesús Montero y también el papel del exministro Escrivá, en 2021 al frente de la Seguridad Social, con quien Plus Ultra tenía una deuda algo que invalidaba el rescate y que fue aplazada. Escrivá ha reconocido que se reunió con Zapatero, pero dice que hablaron de otra cosa.

Fuentes de Moncloa señalan a Informativos Telecinco que han mirado todo de arriba abajo, y exponen toda la secuencia de avales y filtros que atravesó el rescate con niveles de gobierno, Comunidad Europea e incluso la Justicia, pero la realidad es que Anticorrupción ha reabierto la causa.

El Gobierno insiste en que nadie presionó le presionó porque el rescate cumplía con todos los requisitos y una supuesta intervención no era necesaria. Pero como señaló el juez Calama: ¿entonces los pagos de los directivos de Plus Utra fueron por nada?