El Constitucional rechaza el recurso de amparo por la ley de nietos: mantiene la suspensión de voto que dictó el Tribunal Supremo
El Constitucional inadmite a trámite el recurso de amparo promovido por Ángel Gabilondo por mayoría, con 10 votos en contra y dos a favor
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El Tribunal Constitucional ha rechazado por prematuro la admisión a trámite del recurso del Defensor del Pueblo contra la decisión del Supremo de suspender el derecho al voto a los 160.000 nacionalizados por la conocida como Ley de nietos. El recurso, promovido por Ángel Gabilondo, pedía restablecer el derecho constitucional a estas personas. El Gobierno ha expresado su respeto a la decisión del Constitucional y ha asegurado su confianza en que finalmente el Alto Tribunal avale su derecho constitucional a votar.
Fuentes jurídicas han informado a EFE de que la corte de garantías ha inadmitido a trámite el recurso de amparo promovido por Ángel Gabilondo por mayoría, con 10 votos en contra y dos a favor de la admisión, que son los magistrados progresistas Ramón Sáez y Juan Carlos Campo.
Los magistrados han argumentado que el recurso es prematuro porque aún no se ha agotado la vía de la jurisdicción ordinaria dado que el Supremo dio un plazo a los afectados para personarse y formular alegaciones contra la suspensión cautelar, que termina este jueves, es decir, la mayoría del Constitucional entiende que no se puede intervenir en este momento ya que es un procedimiento en curso en el Alto Tribunal.
El Defensor del Pueblo ha interpuesto este recurso "tras haber analizado la decisión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS del pasado lunes, 12 de octubre, cuando confirmó mantener la suspensión de votar a personas nacionalizadas por la mencionada Ley, para que puedan, si así lo desean, ejercitar su derecho al sufragio activo en las próximas elecciones generales".
La mayoría de magistrados, incluido su presidente Conde Pumpido, acoge así el planteamiento del ponente, Enrique Arnaldo, que señala que solo puede presentarse un recurso de amparo una vez haya finalizado la actuación del órgano jurisdiccional, es decir, "solo cuando este haya finalizado por haber recaído una resolución firme y definitiva puede entenderse agotada la vía judicial y, consecuentemente, es posible acudir ante este Tribunal en demanda de amparo", algo que no ocurre ahora.
Los frentes abiertos en el Supremo
En el Alto Tribunal el asunto sigue vivo y prueba de ello es que la Sala dio un plazo de 24 horas, hasta las 15:00 horas de este miércoles, para que las partes personadas presenten alegaciones a la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) del pasado día 16 en la que envía documentación a todos los inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes de cara al 29N.
Precisamente, la JEC dio este paso con la advertencia de que no todos podrán ejercer el derecho al voto debido a la suspensión decretada por el Supremo para nacionalizados por la ley de nietos. En este sentido, Iustitia Europa, uno de los recurrentes, ha reclamado al Supremo que advierta sobre posibles incurrencias en un delito electoral si efectivamente estos inscritos votan el 29N.
Asimismo, este jueves termina otro plazo, los cinco días que la Sala dio a los 163.020 afectados para personarse en el procedimiento como parte codemandada y así poder efectuar alegaciones con el fin de evitar su indefensión, una opción que, por ejemplo, ya ha planteado el Centro de Descendientes de Españoles Unidos (Ce.DEU), que agrupa a españoles nacionalizados gracias a la norma.
El PP amenaza con acciones penales
El PP ha enviado un burofax a la directora general de españoles en el exterior y de asuntos consulares para exigir que cumpla de inmediato la decisión del Supremo de suspender el derecho al voto a los nacionalizados por la ley de nietos, pues de lo contrario van a exigir todas las responsabilidades a quien corresponda, también las penales.
La suspensión no regirá, explica el Alto Tribunal, cuando los encargados de los consulados "expidan, bajo su responsabilidad, certificación acreditativa de que, a fecha 1 de agosto de 2026", esas personas accedieron a la nacionalidad acreditando documentalmente ser hijos o nietos de represaliados "por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación de identidad sexual", como fija la norma y no la instrucción de Justicia.
El Gobierno confía en que el Supremo avale el derecho a voto por la ley de nietos
El Gobierno ha expresado su respeto a la decisión del Tribunal Constitucional de rechazar el recurso del Defensor del Pueblo contra la suspensión cautelar del derecho al voto a nacionalizados por la ley de nietos y sigue confiando en que finalmente el Tribunal Supremo avale su derecho constitucional a votar.
Fuentes del Ejecutivo recuerdan que el Constitucional ha desestimado el recurso de amparo considerando que la vía judicial sobre este conflicto no está agotada ante el Tribunal Supremo, y hacen hincapié en que el tribunal de garantías basa su decisión en motivos de procedimiento sin entrar, como el Supremo hasta ahora, en el fondo de la cuestión.
El Gobierno, asimismo, sigue defendiendo que todos los "nacionales españoles", según las fuentes, tienen derecho al voto "el más sagrado en democracia" como recoge la Constitución. Y por ello confía en cuando el Supremo adopte una decisión definitiva sobre este asunto aclare que no es posible suspender "masivamente" el derecho al voto con una medida cautelar sin sentencia firme y sin audiencia a los afectados.
