El exconsejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero, ha afirmado este martes que los protocolos que impidieron la derivación de ancianos en residencias a hospitales durante la primera ola de la pandemia tuvieron "un carácter discriminatorio" en función del lugar de residencia, del nivel de capacidad y de dependencia.

En declaraciones a los medios a su salida del juzgado tras comparecer como testigo en la causa judicial abierta en el Juzgado de Instrucción número 6 de Leganés por la gestión del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en las residencias, Reyero ha subrayado que corresponde a la justicia determinar si hubo delito con las instrucciones para no derivar a pacientes a hospitales de la región, si bien ha remarcado que tienen un "componente discriminatorio claro".

A su llegada, Alberto Reyero ha sido recibido entre aplausos por familiares de los fallecidos en las residencias durante la pandemia que estaban concentrados a las puertas del juzgado.

Otros testigos en el segundo caso de las muertes en residencias

También han acudido a declarar como testigos el exasesor del Gobierno madrileño, Antonio Burgueño, y el director de HM Hospitales, Juan Abarca Cidón, en la segunda causa judicial abierta por la gestión de la primera ola de la pandemia en las residencias.

En este procedimiento judicial han sido imputados Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, ya investigados en una primera causa, así como el entonces director del Summa 112, Pablo Busca, y la geriatra de enlace del Hospital Severo Ochoa.