Suspendida la declaración de los ex altos cargos de la Comunidad de Madrid imputados por los muertos en residencias durante la pandemia
Un defecto de forma obliga a suspender la declaración de Carlos Mur, Francisco Javier Martínez Peromingo y Antonio Burgueño
Los familiares de las víctimas de covid en residencias aún claman justicia cinco años después: "Los dejaron morir"
Los ex altos cargos del Ejecutivo madrileño presidido por Isabel Díaz Ayuso, Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, y el doctor Antonio Burgueño, exasesor sanitario de la Comunidad de Madrid, que debían declaran como investigados ante el juez en la causa por los fallecidos en residencias en la pandemia, finalmente no lo han hecho por un defecto de forma. Era la primera vez en cinco años que altos cargos del gobierno madrileños son llamados a declarar.
Los abogados de los tres investigados solicitaron la suspensión de las declaraciones al alegar que no les han dado adecuado traslado de las actuaciones.
Los tres debían comparecer este lunes en el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, los dos primeros, Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, considerados autores de los protocolos que impidieron la derivación de ancianos de residencias a hospitales en los meses de marzo y abril de 2020, y Antonio Burgueño, como encargado de elaborar el 'plan de choque' anunciado por el Gobierno regional.
Las familias de los fallecidos en las residencias
En la puerta de los juzgados de Plaza de Castilla se han manifestado familiares de las víctimas, convocados por Marea de Residencias, 7291: Verdad y Justicia y Pladigmare (Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en Residencias), que reclaman justicia y reparación.
El Juzgado de Instrucción 3 de Madrid decidió reabrir el pasado 1 de abril, a petición de la Fiscalía Provincial de Madrid, una causa que se había archivado provisionalmente casi tres años antes.
El origen de esa solicitud de la Fiscalía Provincial está en una denuncia colectiva de 109 familiares de víctimas de las residencias, coordinada por las entidades Marea de Residencias y 7291: Verdad y Justicia, presentada en octubre del año pasado.
La denuncia se dirigía, entre otros, contra altos cargos del Gobierno de Ayuso por la comisión de un delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria, castigado en el artículo 511 del Código Penal.
A las puertas de los juzgados, las asociaciones de víctimas han declarado que la suspensión de las declaraciones es una estrategia de las defensas de los ex altos cargos investigados para dilatar el proceso juidicial.