Dejar los excrementos de perro en la acera cada vez es más difícil de hacer sin consecuencias, ya son muchos los ayuntamientos que están incorporando los censos de ADN canino
"Mi perro ha tenido crías y quiero venderlas": la multa a la que te enfrentas, según la Ley de Bienestar Animal
MadridUn excremento abandonado en mitad de una acera parecía, hasta hace poco tiempo, una infracción compleja de sancionar si nadie había visto al perro y a su responsable en ese momento concreto. Sin testigos, identificar al infractor podía convertirse prácticamente en una misión imposible. Sin embargo, algunas ciudades españolas han encontrado una herramienta que cambia por completo esta situación: analizar el ADN de los excrementos.
Cada vez más municipios están creando censos genéticos caninos que permiten asociar una muestra de heces abandonada en la calle con un perro registrado y, posteriormente, localizar a su responsable. Casi 100 municipios de 15 provincias españolas han implantado ya este tipo de sistemas.
Recoger los excrementos no es simplemente una cuestión de civismo
El primer punto que conviene aclarar es que recoger las heces del perro no depende únicamente de las ordenanzas de cada ciudad. La Ley 7/2023, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, establece en su artículo 26 las obligaciones específicas de quienes conviven con animales de compañía. Entre ellas figura evitar que depositen excrementos y orines en lugares de paso habitual de otras personas, como fachadas, puertas o entradas a establecimientos, y proceder en todo caso a su retirada o limpieza con productos biodegradables.
La norma general establece una obligación general. A partir de ahí, las ordenanzas municipales pueden desarrollar las condiciones de limpieza de la vía pública y establecer sus propios mecanismos de control y régimen sancionador dentro de sus competencias.
¿Cómo funciona el ADN para localizar al responsable?
Este sistema parte de una idea relativamente sencilla: cada perro posee un perfil genético que permite identificarlo individualmente. En los municipios que han implantado este censo genético canino, los responsables deben acudir a los centros habilitados para obtener una muestra biológica del perro, normalmente mediante saliva. Esa muestra se analiza y el perfil resultante se incorpora a una base de datos municipal. La toma se realiza con un bastoncillo de saliva de una manera rápida e indolora para el animal y el perfil queda relacionado con su microchip.
Cuando posteriormente aparecen excrementos abandonados en la calle, se puede recoger una muestra y enviarla al laboratorio. Si el ADN coincide con el de uno de los perros registrados, el ayuntamiento puede conocer qué animal dejó las heces y quién figura como su responsable.
El ADN canino no es obligatorio en toda España
Aunque cada vez más ciudades utilizan este sistema, no todos los propietarios de perros españoles tienen la obligación estatal de registrar el ADN de su mascota. La Ley 7/2023 establece ciertas obligaciones de identificación de los animales, pero el censo genético utilizado para detectar excrementos es una herramienta implantada por ciertos municipios por su propia normativa.
Por eso, las obligaciones van a cambiar dependiendo de dónde viva el propietario. En Tarragona, donde ya se ha implantado esta medida, todos los perros que residen habitualmente en el municipio deben incorporarse al registro de ADN canino. El Ayuntamiento abrió un periodo informativo previo a la aplicación de sanciones y estableció un procedimiento específico para realizar la prueba a través de clínicas veterinarias autorizadas.
Otros municipios españoles llevan años usando sistemas similares. Málaga fue una de las ciudades pioneras, en 2017 puso en marcha su censo genético.
Una multa por heces y otra por no registrar al perro
La implantación de estos censos introduce además una particularidad: en algunas ciudades no solo puede ser sancionable abandonar los excrementos, sino también incumplir la obligación municipal de registrar genéticamente al perro.
Tarragona constituye un ejemplo especialmente reciente. La información difundida con la puesta en marcha de este sistema establece una sanción de 300 euros por dejar los excrementos en la vía pública. Pero la cantidad es considerablemente superior cuando el perro residente en la ciudad no está incorporado al censo genético obligatorio, con una sanción que puede llegar a los 1.500 euros.
Aunque los importes pueden variar considerablemente. En Benalmádena se pueden imponer sanciones de 750 a 1.500 euros por dejar las deposiciones de las mascotas en espacios públicos. Estas sanciones ya existían antes de que aparecieran los registros, pero ahora también resulta posible identificar al animal incluso cuando ningún agente presencia directamente la infracción.
¿Qué ocurre con los datos genéticos del perro?
La creación de bases de datos de ADN también puede despertar dudas sobre la información almacenada. El Ayuntamiento de Tarragona señala que los datos están protegidos conforme a la normativa de protección de datos y explica que el perfil utilizado tiene una finalidad identificativa, no médica.
También conviene aclarar una confusión frecuente. Un perro que tiene microchip no está necesariamente incorporado al censo genético de su municipio. El microchip contiene un código que permite identificar al animal cuando se pasa sobre él un lector compatible. El perfil genético, en cambio, permite comparar una muestra biológica con la información almacenada en una base de datos.
No todos los propietarios ven la medida de la misma forma
Estos nuevos sistemas han dado pie a debate. Sus defensores consideran que permiten actuar contra una minoría de propietarios que perjudica al conjunto de personas que conviven responsablemente con perros. Las heces abandonadas generan suciedad, malos olores y problemas de convivencia y pueden suponer además un problema higiénico.
Sus detractores cuestionan, entre otras cosas, el coste del registro y el aumento de las obligaciones administrativas para propietarios que ya recogen siempre los excrementos de sus animales.