El dinero que se recauda por infracciones no se centraliza, lo gestionan ayuntamientos y comunidades autónomas dándole diferentes usos como financiar centros de protección o recogida de animales
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MadridLa Ley de Bienestar Animal ha endurecido de forma notable el régimen sancionador en España, con enormes multas, sanciones por abandono, por maltrato o por incumplir las nuevas normas de tenencia responsable, pero hay una cuestión que puede pasar desapercibida, ¿qué ocurre con todo ese dinero?
Más allá del carácter disuasorio de las sanciones, el destino de estos ingresos abre un debate mucho más relevante sobre su función real dentro del sistema. ¿Se reinvierte para proteger a los animales o se utiliza para financiar otros servicios públicos? Conocer dónde va ese dinero es esencial para valorar hasta qué punto la ley cumple con su objetivo de mejorar el bienestar animal.
El sistema sancionador de la Ley de Bienestar Animal
El régimen sancionador de esta ley no se limita a castigar aquellas conductas indebidas, sino que responde a una lógica mucho más amplia: proteger a los animales y reforzar los servicios públicos vinculados a su bienestar. La norma marca un sistema de infracciones leves, graves y muy graves con sanciones económicas proporcionales, pero su finalidad va más allá de la simple recaudación. El objetivo es disuadir prácticas como el abandono o el maltrato y generar recursos que puedan contribuir a mejorar la gestión pública en materia de protección animal desde su recogida hasta la atención y control de poblaciones.
Para poder entender cómo se articula este sistema, es fundamental saber quién impone y recauda estas sanciones. A diferencia de otros ámbitos, no existe un fondo estatal único donde se pueda centralizar el dinero de las multas. La competencia sancionadora recae principalmente en las comunidades autónomas y en las entidades locales, que son las encargadas de tramitar los expedientes, imponer las sanciones y, en consecuencia, percibir los ingresos derivados de ellas. Esto quiere decir que el dinero se integra en los presupuestos de la administración que actúa en cada caso, lo que tiene una influencia directa en su destino y en cómo se reinvierte en políticas de protección animal.
¿A dónde se destina ese dinero?
Aunque la Ley de Bienestar Animal no establece un fondo estatal único ni un destino cerrado para cada euro recaudado, sí que fija un marco claro: los ingresos derivados de las sanciones deben estar vinculados, directa o indirectamente, a la protección animal y a los servicios públicos asociados. En la práctica, eso quiere decir que el dinero se debe integrar en los presupuestos de las administraciones que imponen las multas - ayuntamientos y comunidades autónomas-, pero con una orientación funcional hacia políticas que mejoren el bienestar animal y la convivencia.
Uno de los principales destinos de estos recursos es el mantenimiento y mejora de los centros de protección animal. Estos espacios como son los refugios, albergues municipales o instalaciones concertadas, requieren financiación constante para poder garantizar condiciones adecuadas: instalaciones seguras, atención veterinaria, alimentación, limpieza y personal especializado. La ley obliga a las administraciones a disponer de estos centros o a garantizar su acceso, por lo que parte de ese dinero recaudado ayuda a sostener una infraestructura que, en muchos casos, ya estaba tensionada antes de la entrada en vigor de la ley.
A esto hay que sumarle la financiación de los servicios de recogida y atención de animales abandonados o extraviados, que deben estar disponibles de forma permanente. Estos servicios implican costes operativos relevantes: vehículos adaptados, equipos de intervención, coordinación con policía local y veterinarios y gestión administrativa, ya que hay que identificarlos, registrarlos y hacer un seguimiento del caso del animal. Las multas ayudan a reforzar estos dispositivos, en especial en municipios que cuenten con menos recursos, donde el cumplimiento de la ley puede suponer un reto logístico y económico.
Otro ámbito esencial es el de los programas de control poblacional, sobre todo en el caso de las colonias felinas. La ley promueve métodos éticos como la captura, esterilización y retorno, que requieren inversión en campañas de esterilización, seguimiento veterinario y coordinación con voluntarios. Este tipo de programas no solo van a mejorar el bienestar de los animales, sino que también, van a reducir a medio plazo el número de abandonos y los conflictos vecinales.
Por otro lado, parte de estos recursos también son destinados a campañas de sensibilización y educación ciudadana, un pilar esencial de la ley. Informar sobre la tenencia responsable, promover la adopción frente a la compra o concienciar sobre las consecuencias del abandono son acciones clave para prevenir infracciones. Estas campañas pueden desarrollarse a nivel municipal, autonómico o incluso en colaboración con centros educativos, teniendo como objetivo atacar el problema desde su raíz.
Por último, el dinero también puede emplearse en reforzar los mecanismos de inspección, control y formación. Esto incluye la capacitación de agentes, el desarrollo de protocolos de actuación y la mejora de los sistemas de vigilancia para poder detectar incumplimientos. Sin este componente, la ley perdería eficacia, ya que las sanciones dependen en gran medida de la capacidad de las administraciones para poder supervisar y actuar.