Zonas de bajas emisiones: miles de conductores ya se están viendo afectados por las nuevas multas

Desde hace unos años, los municipios españoles de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares tienen la obligación de instalar Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), áreas de circulación acotadas en las que no puedan entrar los vehículos más contaminantes, cumpliendo así con la normativa que nos ha encomendado la Unión Europea en materia de emisiones. Aunque en un principio la ley que regula la instalación de estas zonas (la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética) obligaba a su instalación para 2023, no está siendo hasta recientemente cuando muchos de los municipios obligados a su instalación están dando un acelerón para su puesta en marcha, lo que está provocando no pocas polémicas y un número de multas directamente proporcional a estas.

Miles de multas en Málaga en tan solo dos meses

En la capital de la Costa del Sol está siendo polémica la cifra de sanciones que se han tramitado en los últimos meses. Las restricciones en Málaga capital para este 2026 implican prohibición de acceso para vehículos sin etiqueta ambiental si no están domiciliados en Málaga o figuren inscritos en el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica de la ciudad antes del 30 de noviembre de 2024.

Esta segunda fase tras un año completo de funcionamiento en pruebas ha tenido los siguientes resultados, dados a conocer recientemente: solamente en los dos primeros meses de vigencia, diciembre de 2025 y enero del 2026, un total de 11.712 multas a vehículos sin etiqueta han tenido lugar (6.212 denuncias en diciembre y 5.499 denuncias en enero).

Cascada de multas por la ZBE de Granada

Sin abandonar Andalucía, el caso de Granada también está trayendo cola. La Ciudad de la Alhambra cuenta con una Zona de Bajas Emisiones que abarca una superficie de 23,55 km2. Según la información que encontramos en la página web del municipio, “no tienen autorización para acceder a la ZBE aquellos vehículos que no dispongan del domicilio fiscal en el término municipal de Granada y que además no tengan distintivo medioambiental”. Por tanto, teóricamente, cualquier vehículo que tenga el domicilio fiscal en el municipio de Granada podrá acceder a la ZBE independientemente de su distintivo medioambiental.

A pesar de que parecen estar bien claras las reglas del juego, el principal problema al que se enfrentan muchos conductores es que han empezado a recibir recientemente las primeras sanciones económicas por incumplir con la normativa de las Zonas de Bajas Emisiones de la ciudad, que empezaron a tramitarse el pasado mes de octubre. Por tanto, muchos conductores llevan meses incumpliendo las reglas de acceso y temen que lo que vaya a venir sea una sucesión de multas.

Hay motivos de sobra para el pánico. Teóricamente, el primer mes solo se imponía una multa independientemente de los accesos restringidos, en noviembre pasó una multa por semana y a partir de diciembre una sanción por día, lo que puede suponer una desagradable sorpresa para muchos cuatro meses después de la imprudencia. La sanción económica no es baladí, pues acceder a una de estas zonas restringidas sin cumplir las condiciones para ello supone una violación del artículo 76. Z. 3 de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial calificada como infracción grave y sancionada con multa de 200 euros (100 euros si es pronto pago).

Este lapso de cuatro meses no es el único motivo de queja de muchos vecinos de la ciudad nazarí o sus alrededores, a los que ya no protege el comodín del empadronamiento. También hay polémica por la insuficiente señalización de prohibición de acceso en los puntos fronterizos. El Ayuntamiento se defiende diciendo que cumple escrupulosamente con la normativa que regula las ZBE (el Real Decreto 1052/2022, de 27 de diciembre, por el que se regulan las zonas de bajas emisiones) en cuanto a tamaño, tipografía y colores de las señales.

Más de 3 millones de multas en Madrid podrían ser devueltas

En el Ayuntamiento de Madrid, están en el aire las 3.361.751 sanciones que se han impuesto en el periodo comprendido entre desde septiembre de 2021 hasta noviembre de 2025 por considerarse “multas de dudosa legalidad”. La organización de defensa de los conductores conocida como Automovilistas Europeos Asociados (AEA) toma la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que anuló la Ordenanza de Movilidad Sostenible, y da por sentado que el Tribunal Supremo rechazará el recurso impuesto por el consistorio que dirige José Luís Martínez-Almeida.

Si el Supremo inadmite su recurso, deberán devolverse todas las multas que se han puesto en materia de acceso a Zonas de Bajas Emisiones durante los últimos años y, al menos, hasta la entrada en vigor de la nueva Ordenanza de Movilidad Sostenible el pasado 6 de abril, que sacó adelante el Partido Popular con sus propios votos, haciendo valer su mayoría absoluta. “El recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Madrid no obedecía a razones de interés general, sino a una estrategia dilatoria del Ayuntamiento para seguir recaudando unas multas de dudosa legalidad, que luego no quiere devolver, argumentando que una hipotética decisión declarando nula la ordenanza solo afectaría a las multas pendientes de cobro, pero no a las ya cobradas”, explica Mario Arnaldo, presidente de AEA.