Arranca el juicio contra Julio Iglesias y Miranda Rijnsburger en el que les reclaman seis millones de euros: las claves del caso
El cantante y su esposa deben comparecer ante el juez en el procedimiento civil iniciado por el agente inmobiliario Evan Weiss
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Julio Iglesias y su mujer, Miranda Rijnsburger, tienen una cita con la justicia de Miami este viernes, 16 de octubre, por un conflicto inmobiliario que amenaza con convertirse en un nuevo quebradero de cabeza judicial para el matrimonio.
El cantante y su esposa deben comparecer ante el juez en el procedimiento civil iniciado por el agente inmobiliario Evan Weiss, quien reclama el pago de unas comisiones que considera pendientes tras una operación de compraventa de terrenos en Indian Creek, una de las zonas residenciales más exclusivas de Florida conocida como 'el búnker de multimillonarios'.
La cantidad que se encuentra en juego ronda los seis millones de euros, una cifra que sitúa el litigio en el centro del foco mediático sobre la vida de Iglesias fuera de los escenarios. La nueva fecha, fijada para el 16 de octubre, llega después de meses de enfrentamiento y aplazamientos judiciales.
El origen del caso
Todo comenzó tras la compraventa de terrenos en Indian Creek, una exclusiva isla situada en la bahía de Biscayne, en Miami-Dade, Florida. La zona se caracteriza por sus mansiones, su privacidad y sus estrictas medidas de seguridad y en ella viven rostros como Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, David Guetta, Adriana Lima o Ivanka Trump y Jared Kushner.
Iglesias y Rijnsburger cuentan con varias propiedades en esta isla, donde el cantante ha desarrollado parte de su vida privada lejos de la exposición pública que acompaña a su trayectoria artística. Dos de ellas las vendieron en 2020. Es en ese contexto donde aparece Evan Weiss, el agente inmobiliario que ha llevado a los tribunales su reclamación contra el matrimonio y otras personas relacionadas con la operación.
El demandante sostiene que intervino en la transacción y que no recibió las comisiones que, a su juicio, le correspondían por su participación en la compraventa.
Su reclamación contempla honorarios que considera pendientes tanto por parte de los vendedores como de los compradores, lo que eleva el importe total hasta una cifra cercana a los seis millones de euros.
El caso llega a los tribunales
La demanda civil fue presentada el 29 de agosto de 2025 contra Julio Iglesias, su mujer y otras personas vinculadas a la operación inmobiliaria. A partir de ese momento, el desacuerdo dejó de ser una reclamación económica entre las partes para convertirse en un procedimiento judicial.
La posición de Weiss se apoya en su afirmación de que participó en la transacción y de que los honorarios correspondientes no fueron abonados. El agente pretende que la justicia determine si tiene derecho a cobrar esas cantidades y quién debe responder por ellas.
Por su parte, la defensa del cantante y de su esposa ha tratado de frenar el procedimiento y ha cuestionado diferentes aspectos procesales. Entre las objeciones planteadas figuran cuestiones relacionadas con la validez de las notificaciones judiciales, un asunto clave para determinar si el proceso se ha desarrollado respetando las garantías exigibles.
Las discrepancias sobre el procedimiento han contribuido a prolongar el conflicto. No obstante, las objeciones de la defensa no han conseguido, hasta la fecha, poner fin a la reclamación.
Una reclamación de seis millones de euros
La cuantía es uno de los aspectos que más ha llamado la atención del caso. Weiss reclama alrededor de seis millones de euros en comisiones que considera impagadas y que relaciona con la operación de Indian Creek.
El agente sostiene que le corresponden honorarios vinculados a las dos partes de la transacción, la compradora y la vendedora. Esa es la base de una reclamación que afecta tanto al patrimonio del cantante como al de su esposa.
Desde que se presentó la demanda, la defensa del intérprete de 'Soy un truhán, soy un señor' y su esposa ha intentado, sin éxito, que la reclamación sea desestimada.
Ahora, será necesario que el órgano judicial resuelva las cuestiones planteadas y determine si existe un derecho efectivo al cobro, así como las responsabilidades que correspondan.
