El Gobierno de Colombia justifica la violencia contra los manifestantes con una treintena de muertos

Colombia vive su octava jornada de protestas con el segundo paro nacional y nuevos enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad. El Gobierno de Iván Duque justifica la violenta reacción de las fuerzas del orden que ha dejado unos 40 muertos a la delincuencia y los actos vandálicos.

Miles de colombianos han vuelto a protestar con banderas y pancartas contra lo que definen como una masacre. El Comité de Paro Nacional han protestado contra la reforma tributaria del Gobierno de Iván Duque y a la represión de las fuerzas de seguridad en las distintas jornadas de protesta y que ha sido criticada por la comunidad internacional y organizaciones defensoras de los Derechos Humanos.

Medellín, Cali, Bucaramanga, Bogotá, Ibagué, han sido algunos de los escenarios de las protestas, donde se han desarrollado marchas y bloqueos de calles, con los consiguientes disturbios y la violenta reacción del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).

En Bogotá los agentes han usado gases lacrimógenos y tanquetas y agua contra los manifestantes en la Plaza de Bolívar, según informa 'El Espectador'. Del otro lado, los convocados lanzaban piedras, mientras unas 2.000 personas se han concentrado de forma pacífica en el monumento Héroes de la capital.

En Bogotá también se han producido incendios en 15 Comandos de Atención Inmediata (CAI), uno de ellos con diez policías en su interior que han logrado salir resultando cinco heridos. El pueblo de Cali ha vuelto también a salir a la calle tras otra noche de enfrentamientos, disturbios, cortes simultáneos de energía o suspensión de internet en algunas zonas, según colectivos.

En concreto, este miércoles se han registrado nuevos disturbios, sobre todo en el sector de Siloé, donde se ha informado de al menos un herido con arma de fuego, recoge Radio Caracol. Las protestas han dejado en estos ocho días 37 víctimas de "homicidio", según ha indicado este miércoles la ONG Temblores, que ha denunciado también 1.708 casos de violencia por parte de las fuerzas de seguridad, entre ellas 110 casos de disparos de arma de fuego y diez denuncias por violencia sexual.

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) ha alertado que el departamento del Valle del Cauca, que acoge esta ciudad, es el que presenta la situación más preocupante, ya que 25 de los 31 fallecidos que notifica esta organización se han registrado en esa región hasta el 3 de mayo.

Según Indepaz, al menos 13 de los casos en Cali se achacan a miembros del Esmad, mientras cuatro a agentes de la Policía y circulan duras imágenes de personas heridas en la vía pública de esta ciudad. "Muy destacable la labor de los jóvenes que denuncian con sus móviles y nos hacen llegar los videos en medio de las agresiones", ha agradecido el instituto en referencia a todas las imágenes que llenan las redes para alertar de la situación en el país, recoge 'El Espectador'.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo ha denunciado 24 fallecidos en las últimas seis jornadas de protestas, entre las que al menos cinco habrían perdido la vida a manos de los antidisturbios ( Esmad) y otros seis por extralimitación de funciones de policías regulares. Precisamente sobre las víctimas mortales de las protestas, el fiscal general, Francisco Barbosa, ha anunciado que de once casos de homicidios en el marco del paro nacional --que la Fiscalía tiene relacionadas con las protestas--, tres serán imputados a miembros de la Policía Nacional.

El presidente de Colombia, Iván Duque, ha achacado a que "organizaciones criminales se esconden detrás de la legítima protesta" y ha ofrecido una recompensa económica por denuncias contra "el vandalismo y delitos". De esta manera justificaba la violenta represión contra los que protestan por la reforma tributaria impulsada por su Ejecutivo.

"La amenaza vandálica que enfrentamos consiste en una organización criminal que se esconde detrás de legítimas aspiraciones sociales para desestabilizar a la sociedad, generar terror en la ciudadanía y distraer las acciones de la Fuerza Pública", ha señalado.

Duque ha afirmado que "duelen las vidas de aquellos víctimas de la violencia de esto días" y ha rechazado los bloqueos y ataques a infraestructura así como que se haya afectado los servicios. "Nos duelen también los ataques a los CAI, a los peajes, supermercados (...) o contra cualquier bien público o privado", ha añadido.

"El vandalismo extremo se encuentra financiado y articulado por mafias del narcotráfico", ha continuado, para enfrentarlas han diseñado una respuesta nacional "que ya está dando resultados" y que incluye una línea telefónica de denuncias y un grupo especial de investigación.

Por otro lado, se enciende en el país el debate sobre la posibilidad de imponer el estado de conmoción interior --permitiría, entre otras cosas, restringir las marchas, limitar a los medios de comunicación-- , una herramienta que Duque ha afirmado este miércoles que no descarta, pero que el Gobierno ha desmentido que vaya a declarar.

Al respecto, la bancada en el Congreso colombiano del partido de Comunes ha alertado de que "la ultraderecha ha expresado de manera abierta su intención de aprovechar los desmanes y el caos para cambiar el eje del debate de las reformas necesarias hacia la represión policial y militar y, en ese sentido, declarar un estado de conmoción interior que termine llevando por delante la institucionalidad y la democracia limitada y restringida que tenemos en Colombia".

Así lo ha recogido Comunes en una misiva firmada por los senadores Julián Gallo, Criselda Lobo y Pablo Catatumbo y por los diputados Carlos Alberto Carreño, Omar de Jesús Restrepo, Luis Alberto Albán y Jairo Cala Suárez.

De este modo, la formación ha llamado a una "decisión política de todos los partidos, movimientos, sectores sociales y populares para abrir espacios de diálogo sobre la base de detener la violencia, construir propuestas de solución a la problemática social y defensa irrestricta de los derechos democráticos".

Tras una semana de manifestaciones, el Gobierno ha anunciado el inicio de un diálogo con el Comité del Paro para el 10 de mayo. Las autoridades colombianas, que prevén que las negociaciones se alarguen al menos hasta el 20 de mayo, y celebrarán los primeros encuentros con las propias instituciones públicas para pasar a continuación a los gobiernos locales y regionales, los comités estudiantiles, los partidos políticos, los sindicatos de trabajadores, y las asociaciones comunales.

"Iván Duque, la ciudadanía en el paro exige negociación no diálogos inútiles. Su agenda fracasó. Desmilitarización, no masacres, desmonte del Esmad y negociación del pliego de emergencia con inversión social", ha dicho el fiscal de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias, que integra el Comité Nacional de Paro, en su perfil de Twitter en rechazo al diálogo.

Tras el levantamiento social, el presidente, Iván Duque, tuvo que recular a principios de esta semana y cancelar la controvertida propuesta de reforma tributaria que tenía entre manos y la cual había sido ampliamente criticada por considerar que afectaba a las rentas más humildes. Asimismo, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, tuvo que dimitir.