Más de un millón de pozos ilegales como en el que cayó Julen
Están por todas partes. Sondeos y pozos ilegales, sin autorización administrativa, como en el que ha caído Julen. Difíciles de cuantificar porque la mayoría se abren en fincas privadas. Agua gratis con destino mayoritariamente para nuevos cultivos.
El dato oficial es de hace 12 años: 510.000 pozos ilegales , que extraían anualmente el agua equivalente al consumo de 40 millones de persona al año. Hoy organizaciones como Ecologistas en Acción, Greenpeace o WWF, no dudan de las estimaciones de que estas instalaciones pasen del millón. Y aunque son ilegales, en el último lustro, denuncian, la mala gestión de las administraciones de las aguas subterráneas solo ha cerrado una decena de pozos ilegales.
Según el Seprona de la Guardia Civil se abren una media de 20 pozos al mes en cada provincia. Sale más barato pagar la denuncia que el coste de poner en regla el sondeo. Solicitar la obligatoria autorización de la comunidad (a través de la dirección de Minas) para la perforación, y de la confederación hidrográfica correspondiente si se encuentra agua.
Los sondeos y pozos no sellados son un peligro para personas, como ha ocurrido en el caso de Julen, pero también para los animales y para el medio ambiente, por la sobreexplotación de los acuíferos, que degrada la calidad del agua. El ministerio para la Transición ecológica busca fórmulas para revisar montes públicos de los Ayuntamientos, pero detectar los pozos no es fácil: se ocultan, se camuflan, y muchos de ellos apenas tienen 30 centímetros de diámetro.
Es habitual encontrar pozos en Valencia, Murcia, Castilla La mancha y Andalucía. Pero Doñana, un humedad patrimonio universal, es el lugar donde más agua se roba. WWF lleva años denunciando el aumento de cultivos ilegales, más de 3.000 aseguran, en el entorno y dentro del perímetro de Parque. Y nos enseñan algunos de los pozos identificados, algunos abandonados y sin sellar: más de 50 en un kilómetro y balsas de contención de agua. Hasta se ha llagado a agredir a agentes del Guadalquivir que acuden a identificar los pozos ilegales. Ahora lo hacen acompañados de la Guardia Civil.