La resolución del expediente que la Universidad de Alicante (UA) abrió el mes pasado al profesor, Alessandro Cavaliere de Publicidad, después de que sus alumnos se negaran a realizar uno de sus exámenes por su forma de impartir clase ha sido tajante: suspensión de dos años de empleo y sueldo. Una resolución que pone en entredicho la forma de evaluar y dar clase del profesor que no ha dudado en recurrir la decisión ante los tribunales para limpiar su buen nombre, según el periódico digital La Información. El profesor considera que "se ha exagerado por parte de un grupo de alumnos problemas habituales que se dan en las clases y que tienen mucho más que ver con la masificación de las aulas".
El profesor, que había puesto un total de 223 ceros y catorce suspensos con otras calificaciones en su evaluación, no informó a los alumnos hasta horas antes del examen global. Algo que que provocó el malestar general y la posterior sublevación de los alumnos. Cavaliere ha asegurado que no pudo poner a tiempo las notas debido a una gastroenteritis. No son de la misma opinión los estudiantes, de hecho 200 estudiantes de cuarto curso de Publicidad y Relaciones Públicas se sublevaron y se negaron a examinarse de Producción y Realización en Medios Impresos, materia que impartía el docente, después de denunciar que Cavaliere no se presentaba a las pruebas y suspendía los exámenes de manera generalizada para después dar un aprobado general en la prueba final.
José Penadés Martínez, vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado de la Universidad de Alicante habló del caso con Informativos Telecinco. "Previamente al 'aluvión de ceros' la Universidad estaba recibiendo quejas del alumnado referentes a este profesor. En base a estas quejas y no únicamente a los suspensos y tras el análisis de las mismas, se incoa (es decir, se inician los trámites) expediente disciplinario en febrero de 2019 para el esclarecimiento de los hechos, determinación de presuntas irregularidades que pudieran derivarse por los mismos, responsabilidades en su caso y la propuesta de sanción que fuera de aplicación", explica.
En esta misma incoación se determinan un instructor y secretario tal y como determina la legislación vigente, se toman medidas cautelares (para salvaguardar los derechos del alumnado) y se le notifica al interesado. A partir de ahí se siguen todas las pautas legales establecidas garantizando en todo momento los derechos de la persona. Toda esta tramitación lleva a una resolución rectoral de 2 de agosto de 2019, en la que, "a partir de un total de 17 hechos considerados como probados se impone la sanción conocida", señala Penadés.
Considera Penadés que los derechos de Cavaliere "han sido garantizados en todo momento, incluyendo su defensa, ya que actualmente, tiene abierta la vía judicial". Respecto a la reacción del resto de docentes y de la propia universidad, Penadés destaca que "el conjunto de la Universidad, y esto incluye al profesorado, busca que el alumnado siempre reciba una docencia de calidad y esto no puede producirse cuando existe un incumplimiento de las funciones esenciales inherentes a los docentes y sus funciones encomendadas. Desde esta perspectiva, el profesorado entiende perfectamente esta decisión".