Un nuevo informe ha alertado esta semana sobre los potenciales peligros que se ciernen sobre el sistema de pensiones. El estudio, creado por el Instituto de Actuarios, advierte que en 2025 los jubilados con pensiones contributivas cobran 1,62 euros por cada euro que han cotizado, y que esta “inequidad actuarial” ascendería a 2,14 euros por euro cotizado en 2045 y 2,20 euros por euro cotizado en 2065. Hemos hablado con un experto en pensiones para que nos lo contextualice.

Según los firmantes del estudio, este aumento "sistemático del desfase entre pensión y lo cotizado a lo largo del tiempo y sin atisbos de frenada evidencia un creciente desequilibrio entre cotizaciones y prestaciones y alerta sobre una cada vez mayor insostenibilidad del sistema, ya que implica que las pensiones futuras no estarán suficientemente respaldadas por las cotizaciones presentes, generando presiones sobre las finanzas públicas o la necesidad de hacer importantes reformas estructurales".

A juicio de los actuarios, “urgen reformas para garantizar la sostenibilidad que incluyan la adopción de mecanismos de ajuste automáticos vinculados a la esperanza de vida y al crecimiento económico del país”.

Según el informe, los intentos “loables” por equilibrar el factor de equidad actuarial a través de las reformas de las pensiones acometidas en 2021 y 2023 “han sido claramente insuficientes” para contrarrestar el impacto del envejecimiento y el menor crecimiento económico esperado.

El economista Antonio González rebate las tesis del informe y explica las razones por las que el sistema de pensiones español no está en peligro, y su sostenibilidad está garantizada.

Antonio González es economista, fue director general del gabinete del ministro de Trabajo e Inmigración en 2010 y 2011 y vocal asesor en la Oficina Económica del presidente del Gobierno de 2008 a 2010. Según González, “hay que recordar que nuestro sistema público de pensiones es de reparto, y tiene un componente solidario esencial que no tienen los sistemas de capitalización, donde uno recibe lo que aporta. Es precisamente la ausencia de toda solidaridad social en el sistema de capitalización lo que lo distingue, en lo fundamental, de un sistema público basado en el reparto, por lo que pretender que todos los pensionistas reciban lo que han aportado, es partir de una premisa equivocada”, aclara González.

“En cuanto al informe -continúa González”, se basa de unos supuestos pesimistas de decrecimiento económico en los próximos lustros que no justifica de modo alguno. Los últimos datos de empleo y de crecimiento del PIB contradicen los supuestos sobre los que se realizan las proyecciones. Es cierto que el envejecimiento de la población, y la jubilación de la enorme generación del baby boom, es un hecho, pero debe ser confrontada con otros hechos que también determinan el futuro del empleo y de los ingresos. Si esa salida de millones de personas del mercado de trabajo no se compensa con nuevas entradas a través de los flujos migratorios, caerá el empleo y el PIB y todo el país se empobrecería y se desplomarían los niveles de vida de los españoles: ¿se puede creer que estemos dispuestos a contemplar cómo todo se hunde a nuestro alrededor sin tomar las medidas que tenemos a nuestro alcance? Es lo mismo que ya pasó con los vaticinios de quiebra del sistema de pensiones realizados a principios de los noventa, pero luego la inmigración compensó la reducción de la población nativa, el empleo creció y las pensiones continuaron pagándose sin problemas”, explica González.

El economista continúa explicando que en un informe como el presentado, los cálculos se basan en supuestos que, por buenos que fueran, están sometidos a una gran incertidumbre y a serias dudas sobre su cumplimiento a tan largo plazo. “Pensemos lo que habría sido estimar con los datos del año 1970 la evolución de la economía española en la actualidad: muy probablemente cualquier parecido con la realidad habría sido pura coincidencia. Estimar el gasto en pensiones desde el punto de vista de la sostenibilidad de las finanzas públicas requiere calcular cómo será ese gasto en relación con el PIB del futuro. En este punto, ese cálculo se vuelve aún mucho más complejo e inestable, dependiendo del cumplimiento o no de muchos supuestos que van a afectar al tamaño y a la evolución del PIB a lo largo de las próximas décadas, como (entre otros, pero fundamentalmente) los que afectan al empleo y la productividad” sostiene.

González recuerda que el gasto en pensiones ha aumentado en términos absolutos, pero se ha mantenido estable con relación al PIB. “El hundimiento del empleo y del PIB durante la crisis financiera de 2008 ocasionó que el gasto en pensiones creciera varios puntos respecto a este último. Esto se comió todo lo que se había acumulado en el Fondo de Reserva, que en realidad no se había creado para eso, sino para compensar entre 2027 y 2050, el periodo de transición demográfica entre la jubilación de los boomers, que aumenta el volumen de pensiones, y requería un colchón de recursos. Esa crisis y el mal funcionamiento del mercado de trabajo español, con su increíble propensión al despido y al ajuste de empleo, muy superiores a los de los otros países europeos, ocasionó el desastre, hundiendo los ingresos y llevándose por delante el Fondo de Reserva de las pensiones”, recuerda González.

“En la crisis siguiente -continúa-, la del coronavirus, de un calado excepcional, nada de esto sucedió. Las medidas adoptadas impidieron que fuera así: el empleo se preservó muchísimo más, la tasa de paro creció en tres puntos frente a los diecinueve de la crisis precedente. A continuación, el empleo se ha recuperado con muchísima fuerza, y la reforma laboral ha incrementado notablemente su estabilidad bajando como nunca la temporalidad de éste, y también se han aprobado subidas del SMI de una magnitud desconocida. Con todo ello, la relación entre pensionistas y cotizantes se ha recuperado hasta el punto de que, en los últimos años, incluso con una fuerte inflación y manteniendo el poder adquisitivo de las pensiones, los ingresos por cotizaciones han crecido incluso más que el gasto en pensiones”.

Si, como parece, el cambio en el comportamiento del mercado de trabajo ante las crisis nos ha hecho, por fin, responder como los demás países europeos, y si se adoptan las reformas que completen ese cambio en el mercado laboral (despidos), podemos estar seguros y protegidos frente a las crisis, y con ello, y con las medidas demográficas que impidan la caída del empleo y del PIB, y con las medidas de reforma ya adoptadas en el sistema de pensiones, todos los cálculos apuntan a la sostenibilidad del gasto respecto al PIB”, asegura el economista.

Entonces ¿porqué aparecen tantos informes alertando sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones?  González no encuentra una explicación. “Si la profecía de la insostenibilidad de las pensiones públicas (que se lanzó a principios de los años noventa) a partir de la entrada del nuevo siglo no se cumplió; si la que se volvió a lanzar hace diez años en el mismo sentido, tampoco se está cumpliendo, ni se va a cumplir incluso eliminando los recortes de las pensiones y sustituyéndolos por una estrategia de medidas económicamente viables y socialmente más sostenibles, me pregunto cuál es la razón que lleva a la insistencia en sentido contrario de determinados informes, que tienen tanto eco en algunos medios de comunicación, que siembran dudas injustificadas sobre la sostenibilidad de las pensiones públicas”, concluye.