Antonio y Marcela son un matrimonio vallisoletano que pidió un préstamo a Caixa Galicia (ahora Abanca) en 2014. En total, 111.000€ para comprar su vivienda habitual. Dos años después, Antonio se quedó en paro y dejó de pagar. La entidad comenzó entonces a tramitar la ejecución de la hipoteca. Pero meses antes de que se anunciase la subasta de la vivienda, Antonio y Marcela presentaron una propuesta de reestructuración de la deuda.
Abanca se había adherido al Código de Buenas Prácticas de Protección de Deudores Hipotecarios sin Recursos. Lo hizo voluntariamente pero no cumplió con su obligación de atender la petición. Ni siquiera cuando, después de un mes sin respuesta, la pareja volvió a pedirla. Abanca alegó que, para reestructurar la deuda, Antonio y Marcela debían ponerse al día de los pagos y abonar los costes de anotar en el Registro los embargos del inmueble, "dos motivos que no justifican por sí mismos tal rechazo” según consta en la sentencia. En el caso del registro de los embargos, el Supremo señala que "en el marco de la normativa legal especial que pretende paliar los efectos de la crisis económica para las personas en el umbral de exclusión, y, por su propio contenido, no se altera el rango registral de la hipoteca, por lo que para preservar su garantía la entidad de crédito no tiene por qué exigir el levantamiento de los dos embargos”.
El Tribunal Supremo ha condenado a Abanca a que, ahora sí, reestructure el crédito hipotecario de la pareja que estaba en el umbral de la exclusión social.