MCA-UGT expresa al Gobierno su preocupación por el posible expediente comunitario al 'tax lease'

EUROPA PRESS 08/07/2011 09:40

La Federación de Industria, Construcción y Afines de UGT (MCA-UGT) ha enviado una carta al Gobierno y al comisario europeo de la Competencia, Joaquín Almunia, en la que expresa su "preocupación y alerta del grave peligro en el que se encuentra el futuro de la construcción naval en España en el caso de que la Comisión Europea abra un expediente informativo sobre el 'tax lease', el sistema de financiación utilizado en España para la contratación de buques.

Concretamente la misiva ha sido enviada, además de a Joaquín Almunia, a la ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado; al ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, y con copia al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

El sindicato destaca que 'tax lease' es un instrumento financiero-fiscal que combina el arrendamiento financiero (leasing) y el régimen especial fiscal de las entidades navieras de la tasa por tonelada destinada a la adquisición de buques en los astilleros españoles o europeos por parte de los armadores de la Unión Europea.

Ambos instrumentos son habituales en las legislaciones fiscales de los países europeos y, en el caso del segundo, el régimen especial fiscal, éste es conforme a las Ayudas al Transporte Marítimo, ya que se trata de una ayuda compatible por aprobación expresa de la Comisión Europea. Además, a través de la participación de MCA-UGT en la Federación Europea de Metalúrgicos (FEM), la citada federación tiene constancia de la existencia de esquemas similares en otros países de la Unión.

Según el sindicato las industrias competidoras europeas "están ejerciendo una presión continua sobre sus gobiernos nacionales y sobre la Comisión Europea con el objetivo de paralizar inmediatamente el esquema español".

Por lo que la federación estatal MCA-UGT ha podido conocer, la Comisión Europea tiene abierto un expediente informativo, y puede, en cualquier momento, iniciar un Procedimiento Público de Investigación Formal, lo que implicaría consecuencias desastrosas y posiblemente irreversibles para los astilleros españoles, su industria auxiliar y para los miles de trabajadores que conforman el sector naval en España.

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