Por qué el 31 de marzo marcará el futuro de las pensiones: lo que le puede pasar a la tuya

El futuro de las pensiones están en juego. Este lunes 31 de marzo la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) presentará el informe de evaluación del aumento de gasto en pensiones, un examen en toda regla que determinará si aprobamos o no en el equilibrio de las cuentas del sistema.

Un aprobado significaría que las proyecciones del Gobierno se están cumpliendo, que el aumento de gasto está controlado y por tanto que no son necesarias, por ahora, nuevas reformas. Un suspenso obliga a replantear la situación y a adoptar nuevas medidas, en los ingresos (más impuestos), en los gastos (recortes en pensiones), o en ambas.

El pacto

Tras la pandemia, Europa apostó por dinamizar la economía a través del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, una inyección de miles de millones de euros para transformar y modernizar la maquinaria económica los Estados miembro. España tiene acceso a más de 100.000 millones de euros para el período 2021-2026. Pero para poder recibir los fondos, debe cumplir con los objetivos planteados en las distintas reformas, y uno de los objetivos es que las cuentas en materia de pensiones no se desmanden.

En los documentos enviados a Europa en 2022, el entonces ministro del ramo, José Luis Escrivá incluyó “la cláusula de cierre”, una concesión a Bruselas que ahora pesa como una espada de Damocles: la AIReF, un organismo independiente, debería validar las cuentas cada tres años. Han pasado tres años y toca examinarse. Si la opinión es desfavorable, estaremos obligados a tomar nuevas medidas.

Según las cuentas de Escrivá, en 2022 España dedicaba el 12,2% del PIB a pagar pensiones, y el gasto aumentaría durante las tres próximas décadas, fruto del retiro de los 'baby boomers', al 13,5% del PIB en 2047. Luego iría bajando hasta el 11,2% en 2070.

Las dudas

Pero el Informe de Envejecimiento 2024 no coincide con Escrivá. La proyección de gasto en pensiones realizada por Bruselas señala que España tiene que ajustar un desfase en el sistema del 0,8 % del PIB, equivalente a 12.000 millones de euros. La Comisión estima que el gasto promedio anual se elevará al 15% del PIB, muy por encima del máximo del 13,3 % del PIB establecido en la cláusula de cierre de Escrivá.

Este informe europeo solo tenía en cuenta el envejecimiento de la población, y no incluía el efecto que otras medidas pudieran tener en el sistema a medio y largo plazo. Tampoco incluía los cambios en el PIB de España. El PIB en 2022 creció un 6,2%, en 2023 un 2,7%, y en 2024 aumentó un 3,2%, por encima de las proyecciones presentadas. También estamos teniendo cifras récord de afiliación a la Seguridad Social. El aumento del empleo y de la productividad hace posible destinar más recursos a las pensiones sin que se desequilibren más las cuentas ni se dispare el déficit, que es lo que no permitiría Bruselas. 

El informe que presentará el lunes la AIReF debe incluir estos factores en su valoración, así como los resultados que están dando las últimas medidas en pensiones, la evolución de la economía y el empleo, y la influencia de los flujos migratorios en el mercado de trabajo. Con todos estos datos deberá emitir un dictamen que determinará si la hoja de ruta presentada por España para sostener las pensiones va por buen camino, o hay que hacer cambios antes del próximo informe que el organismo deberá emitir en 2028.

Cómo me afecta al bolsillo

Si se detecta un desfase presupuestario, se deberán tomar medidas, que primero deberían ser consensuadas en el Parlamento, a través del Pacto de Toledo. Pero en caso de que no se logre un acuerdo parlamentario, habría un aumento automático de las cotizaciones en un plazo de cinco años, distribuyendo el ajuste en un quinto del déficit cada año. Esto supondría un importante aumento de los impuestos al trabajo, que pagarían tanto empresarios como trabajadores a través de una importante subida de las cotizaciones al MEI, la hucha de las pensiones, durante los próximos cinco años. La norma también establece que se podrían tomar otras medidas, tanto en el ámbito de los ingresos como en el de los gastos.

Ingresos y gastos

En el ámbito de los ingresos se podrían ampliar las transferencias del Estado a la Seguridad Social, esto es, la parte de las pensiones que se paga con impuestos y no con cotizaciones. Alemania y Francia financian entre el 25% y el 30% del gasto en pensiones por la vía de los impuestos generales. En el caso de España, esta proporción llega al 20%. Es decir, de todo el gasto en pensiones (contando las contributivas, las no contributivas, las de clases pasivas, las de viudedad y las de orfandad…), uno de cada cinco euros se paga con impuestos, y no con cotizaciones.

También podrían establecerse medidas para ahorrar gasto, como ampliar el periodo de cálculo a toda la vida laboral o ampliar más allá de los 67 años la edad ordinaria de jubilación.

La publicación del informe de la AIReF determinará no solo el futuro de las pensiones, sino el desembolso de los fondos europeos. El quinto pago de 12.000 millones se ha pospuesto hasta el 11 de abril.

La posición de la AIReF es muy delicada, su credibilidad e independencia están en juego. Junto con su informe sobre las cuentas del sistema de pensiones, también emitirá una valoración sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas ante el envejecimiento de la población, el desafío que afronta España en este ámbito, y las medidas que debemos tomar para afrontarlo. El próximo lunes despejaremos dudas.