¿Qué es la cuota de solidaridad y cómo afecta a las pensiones más altas?
Un gesto redistributivo que exige a las rentas más elevadas
Reforma de las pensiones: ¿cuáles son los sueldos más afectados?
La implantación de la cuota de solidaridad desde el pasado 1 de enero de 2025 ha supuesto un giro sustancial en la fiscalización de las rentas más elevadas del trabajo asalariado en España. Lejos de quedarse tan solo en un mero detalle técnico, esta nueva cotización constituye una palanca redistributiva que pretende reforzar la sostenibilidad del sistema de pensiones, sin ampliar los derechos de los cotizantes que exceden la base máxima. Mediante un esquema progresivo en tres tramos, los salarios que superen ese umbral, establecido en 59.059€ anuales para 2025, comenzarán a tributar por el exceso bajo porcentajes que oscilan entre el 5,5% y el 7%.
En concreto, el desarrollo reglamentario, articulado por el Real Decreto‑ley 2/2023 y el RD 322/2024, establece que, sobre la base que exceda el máximo legal, se aplicarán tres tipos distintos: 5,5%, 6% y7 %, en función de si el ingreso supera la base máxima en hasta un 10%, entre el 10% y el 50%, o por encima del 50%, respectivamente, aunque los tipos previstos para 2025 son menores y evolucionarán hasta 2045. De forma práctica, un salario de 70.000€ abonará solo sobre los cerca de 11.000 € que exceden el tope, aplicando el tipo correspondiente a cada tramo, con un impacto anual que puede elevarse a varios cientos de euros.
Es importante además resaltar que esta cotización 'extra' no genera derecho a pensión adicional, ya que es una imposición de carácter redistributivo, diseñada para aliviar el desequilibrio que impone la jubilación de la generación anterior y garantizar la sostenibilidad futura.
¿A quién afecta realmente la cuota de solidaridad?
La cuota incide exclusivamente sobre trabajadores por cuenta ajena del Régimen General y del especial de los trabajadores del mar que superen la base máxima. Los autónomos quedarán exentos, al menos por ahora. La distribución de costes es proporcional, y una parte sustancial recae en la empresa en hasta un 83,39%, mientras que el trabajador asume el 16,61% restante.
La introducción de esta medida responde a un problema demográfico acuciante: el ratio cotizantes/pensionistas viene deteriorándose, hasta el punto de que en muchos territorios se han registrado menos de dos cotizantes por pensionista, y el envejecimiento creciente hace insostenible el modelo actual sin ajustar los recursos. Así, la cuota de solidaridad y el ya existente Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) buscan inyectar liquidez al sistema sin elevar los años de cotización ni reducir prestaciones.
Pese a su impacto relativamente limitado en las nóminas, siendo tan solo unos 20€ mensuales en salarios de 60 a 70 000€, su repercusión es progresiva y aumentará gradualmente hasta 2045, cuando la tributación adicional oscilará entre el 5,5% y el 7%.
Consecuencias en la gestión empresarial y salarial
Para las empresas, este cambio supone un aumento real del coste laboral, reforzado aún más por la eliminación del techo de cotización máxima. Esto podría influir en la gestión salarial de altos directivos, presionando hacia un techo salarial que minimice el impacto de una carga creciente. Para los trabajadores, se traduce en una leve contracción de la renta disponible anual, aunque la deducción máxima sigue siendo moderada cuando se contrasta con el objetivo de mantener un sistema público de pensiones viable.
En definitiva, la cuota de solidaridad representa un hito normativo en la reforma de las pensiones en España. No es una subida salarial, ni promete una pensión mayor; es un gesto redistributivo que exige a las rentas más elevadas contribuir al sostenimiento del sistema colectivo. Con efectos modestos hoy, pero crecientes hacia 2045, plantea una nueva correlación entre salario, solidaridad intergeneracional y responsabilidad fiscal.