El caso Matsa se inició a raíz de la denuncia del PP contra el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía que libró una subvención de más de diez millones de euros para la empresa Minas de Aguas Teñidas S.A. (Matsa), para la que trabajaba una hija del por entonces presidente del Gobierno andaluz.
En concreto, y según una providencia facilitada por el PP, la Sección Primera de la sala de lo Contencioso Administrativo del Alto tribunal andaluz "declara pertinente" y "admite" una "prueba de interrogatorio" de Manuel Chaves como "testigo".
A tal efecto, el TSJA requiere a la parte recurrente al objeto de que, en un plazo de cinco días, "aporte a esta sala el interrogatorio de preguntas, a fin de declarar su pertinencia".
La providencia, además, admite y declara pertinentes también otras "pruebas documentales interesadas".
Concesión de más de diez millones de euros
Esta providencia se enmarca en las diligencias incoadas en la vía contencioso administrativa a partir de las acciones judiciales promovidas por el PP contra el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía que autorizaba la concesión de una ayuda pública de más de diez millones de euros para Matsa.
Este acuerdo, en concreto, se materializaba cuando Manuel Chaves ostentaba aún la Presidencia del Ejecutivo autonómico y una de sus hijas figuraba en empresa beneficiaria.