El pasado año la opinión de los españoles sobre los políticos terminaba con récord –y no precisamente positivo– en el CIS: solo superado por el paro, la política se erigía como el segundo problema que más preocupa a los españoles, por encima incluso de la economía, con un 49,5%; una cifra que en el primer Barómetro publicado en 2020, –concretamente el reciente jueves 30 de enero–, alcanzaba un valor histórico del 54%, sumando los porcentajes de los tres indicadores (‘Problemas políticos en general; ‘El mal comportamiento de los políticos’; ‘Lo que hacen los partidos políticos’) en que el CIS ha decidido dividir lo que antes era una categoría genérica sobre la política.
Los datos son reveladores y vienen experimentando un significativo crecimiento año tras año: los políticos son un problema trascendental para los españoles, y todos suspenden. La valoración de los líderes políticos tampoco remonta. Las cuartas elecciones generales en cuatro años terminaron de encender a un electorado que hoy, ya con un Gobierno que ha dejado de estar en funciones, reclama que los políticos dejen a un lado sus diferencias para centrarse en el ciudadano; que se dediquen a trabajar para mejorar la vida y el bienestar de la gente en lugar de pelearse desde el escaño, lanzándose pullas e insultos en cada sesión, en cada comparecencia, en cada intervención ante los medios o en cada tuit.
Este martes, la noticia es que la Mesa del Congreso ha trasladado a los diputados la subida salarial del 2% acordado para los funcionarios de la Administración General del Estado; un incremento al que puede sumarse otro del 0,3% de fondos adicionales durante los próximos meses.
Pactada entre los sindicatos y el Gobierno de Mariano Rajoy, y aprobada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez una vez superada la investidura, la subida tiene efectos retroactivos desde enero.
Así las cosas, lo que ello significa es que los parlamentarios, básicamente, tendrán un sueldo base de 3.041,49 euros mensuales; un salario al que se le deben sumar las indemnizaciones que perciba cada uno para cubrir los gastos derivados de su actividad parlamentaria. Esto es, la mayoría llegará a superar los 5.000 euros de sueldo al mes.
Los que son de fuera de Madrid, es decir, el grueso del hemiciclo, percibirán un mínimo de 5.001,11 euros al mes, al tiempo en que los que son diputados por esa provincia percibirán ‘como poco’ 3.976,86 euros.
Más allá, a todo ello cabe añadirle los complementos que se les asigne en función de los cargos que desempeñan en el Congreso, tanto como portavoces o como miembros de mesas, unas cuantías que también se incrementarán un 2%.