El fiscal del caso Noos, Pedro Horrach, trabaja desde hace meses en su escrito de calificación, y según hemos podido saber, la versión más optimista no baja de una petición de 17 años de cárcel para Iñaki Urdangarín por los delitos de malversación, falsedad, fraude a la administración, delito fiscal y prevaricación. Podía ser peor. Los delitos de blanqueo y evasión de capitales se han caído de la lista.
El delito continauado de malversación de caudales públicos, en concurso con otro de falsedad, suma ocho años de cárcel al ser aplicardo en su modo agravado; la cantidad malversada supera los 300.000 euros. Urdangarín, tanto a través del Insituto Noos como de la Fundación Deporte Cultura e Integración Social obtuvo dinero público que supuestamente no fue destinado a los fines concertados con la administración. Para desvíar ese dinero, además, supuestamente se giraron facturas falsas a empresas vinculadas a la trama.
El delito continuado de fraude a la administración pública suma tres años más de prisión. Supuestamente existió un concierto con responsables políticos para defraudar tanto en los contratos para el seguimiento de un equipo ciclista como en los congresos concertados entre 2004 y 2006
Los tres delitos fiscales suman otros seis años más de cárcel. Uno en 2006 por defraudar en el Impuesto de Sociedades con el Instituto Noos y dos más en 2006 y 2007 por tributar parte de sus ingresos a través de la sociedad Aizoon, en lugar de hacerlo a título personal.
El delito de prevaricación conlleva entre siete y diez años de inhabilitación para cargo público.
Pactar condena
Con este panorama, la única salida para el duque de Palma se encontraría en buscar una sentencia conformidad. Al devolver el dinero supuestamente malversado y reconocer su culpabilidad lograría atenuantes que recortarían la condena hasta los cuatro o cinco años de cárcel y evitaría varias semanas de juicio. Pero implicaría ingresar en prisión algo más de un año, extremo que hasta el momento el duque de Palma ha rechazado de plano.
Las pretensiones de su defensa para llegar a un acuerdo, según hemos podido saber, limitaban la condena a dos años de cárcel, límite por el que desaparece el riesgo de ingreso en prisión. Los términos para ese acuerdo son inaceptables para Fiscalía y acusación popular por una cuestión de puras matemáticas. Ni aplicando el grado más bajo a los delitos que le imputan al duque de Palma lograrían reducir hasta ese punto la condena.