Según la vicepresidenta, España tiene una Ley de Extranjería que "garantiza los derechos de los inmigrantes", también de los que se encuentran en una situación irregular, al tiempo que establece un "procedimiento judicializado" desde sus inicios.
Los dirigentes del Gobierno están "absolutamente seguros" de que los países latinoamericanos compartirán y seguirán apoyando la "política en común" de la UE, que ha establecido criterios "mínimos" en cuanto a privación de libertad de los inmigrantes ilegales hasta que sean repatriados.
De la Vega ha esgrimido que la directiva europea establece "criterios y garantías donde antes no los había como, por ejemplo, unos mínimos de control judicial" y otros requisitos de procedimiento y de funcionamiento.
Latinoamérica entenderá la política española
Ha reiterado su confianza en que la información hará que latinoamérica entienda sobretodo la política española, con iniciativas como el plan de retorno voluntario de inmigrantes en paro, que ha sido abordada con una experiencia piloto en Ecuador y que es "compartida por ese país y por algunos otros". "Lo que hace falta es una mayor información sobre la concreción y en qué se traducen estas políticas, especialmente la de Gobierno de España", ha insistido.
La Administración está procediendo a "ajustes" en su política de inmigración, "determinados por una situación de menor crecimiento económico y de empleo". Pero esto no implica "alterar" sus actuales líneas de actuación, ha explicado, basadas en la promoción de una inmigración legal y ordenada, y en la mejora de la "cooperación al desarrollo" con los países emisores.
De la Vega ha concluido que, por encima de todo, este país respeta "los derechos de la inmigración" y para eso quiere cooperar con los "países de origen". BQM