En el texto, los miembros del Mercosur y asociados "lamentan que naciones tradicionalmente generadoras de corrientes migratorias que -en la actualidad- son receptoras de inmigrantes, no reconozcan, en base al principio de reciprocidad histórica, la responsabilidad compartida entre los países de origen, tránsito y destino de los flujos migratorios".
Del mismo modo, los presidentes "rechazan cualquier intento de criminalización de la inmigración irregular y la adopción de políticas migratorias restrictivas". El documento "reivindica" el aporte positivo de los latinoamericanos en los países de destino de la Unión Europea, tanto en el plano social, cultural como económico.
Al comienzo del encuntro. el jefe del Gobierno venezolano, Hugo Chávez calificó la normativa como la ley de la "ignominia", pero no ha sido el único; el uruguayo Tabaré Vázquez hasta la chilena Michelle Bachelet han criticado duramente la normativa europea sobre la inmigración.
"Muchos de nosotros somos descendientes de emigrantes que llegaron de España, Italia, Francia, y aquí se les recibió con los brazos abiertos, creo que es muy ingrato olvidarse de esa situación y tomar medidas como las que se han tomado", recordó el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, mientras la presidenta chilena propuso "levantar una voz común de latinoamericanos contra la nueva directiva.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Representantes Permanentes del Mercosur, Carlos Alvarez, opinó que la nueva política migratoria europea "es abiertamente violatoria de los derechos humanos" y el llamado Viejo Continente debería tener "memoria de épocas pasadas", cuando millones de europeos fueron integrados en Suramérica.
El endurecimiento de la política migratoria europea es especialmente sensible para América Latina, no sólo porque latinoamericanos son gran parte de los ocho millones de inmigrantes irregulares que residen en la UE, sino por los lazos culturales e históricos que unen a muchos países de la región con el Viejo Continente.
La norma europea, aprobada el pasado 18 de junio, entrará en vigor a partir de 2010 y prevé que los inmigrantes en situación irregular puedan ser retenidos e internados en centros especiales durante un periodo máximo de 18 meses, mientras se tramita su expulsión de Europa, a donde no podrán regresar en cinco años.ZA