El SOS de las residencias permanece: necesitan equipos, test e información detallada de los casos

  • "Los profesionales han tenido que trabajar con bolsas de basura"

  • El coronavirus ha desvelado la falta de medios de muchas residencias públicas

  • El Gobierno pide a las CCAA datos de las residencias

SOS en toda regla. La presidenta del Círculo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPs), Cinta Pascual, ha avisado que las residencias de mayores necesitan disponer "de forma inmediata" de equipos de protección individual (EPIs) así como de los test diagnósticos para "una planificación efectiva de los recursos".

En rueda de prensa telemática, Pascual también ha urgido a las autoridades sanitarias a "tomar el control efectivo" de las residencias, dado que ésta es "una crisis sanitaria y no social", y ha reclamado la implementación de "un único y eficiente" mecanismo de recogida de información. Ha lamentado que el material sanitario requerido "llega con cuentagotas" y ha asegurado que en las residencias debería actuarse igual que en los hospitales: "Mandar médicos, enfermeras, expertos en control de infecciones. Analizar la situación de cada centro".

"Los profesionales han tenido que trabajar con bolsas de basura"

La presidenta de CEAPs ha explicado asimismo que la falta de test de diagnóstico ha provocado que "miles y miles de profesionales", cuyas manos son "tremendamente esenciales", no estén trabajando por precaución, lo que conlleva que no se cuente con el personal suficiente. Los profesionales de algunas residencias, ha denunciado, han tenido que trabajar "con bolsas de basura y mascarillas hechas de forma manual". Y eso porque, entre otras cosas, hace "un mes" que las residencias "luchan" por recibir "una compra conjunta de mascarillas y test" que sigue sin llegar.

"Me encantaría que el ministro dijera que hoy mismo llegará. Esta organización que represento compró, nos organizamos, luchamos para que el material pasara la aduana y todavía no ha llegado a nuestros centros", ha lamentado. A preguntas de los periodistas, ha sostenido que "por supuesto que se está discriminando" a la gente mayor, dado que "ha sido una práctica habitual durante este confinamiento no derivar en su totalidad a hospitales a mayores de centros residenciales".

Cuestionada sobre si la solución a la presión que viven las residencias podría pasar por que los mayores vayan a casa de familiares -como por ejemplo se ha facilitado en Cataluña-, Pascual ha apuntado que "entre el 60 % y el 70 %" de los ancianos en centros residenciales "es gente con demencia". "En sus casas necesitan de grúas y de espacios 100 % adaptados" que difícilmente se dan, ha indicado, por lo que ha defendido que las residencias "son el mejor sitio en el que pueden estar".

Desde el CEAPs también afirman que debería crearse "un circuito único" en toda España que contabilizara "cuántos trabajadores están en casa" sin que se les haya realizado ningún test diagnóstico para llamarlos "y que se les haga la prueba". Se trata, ha explicado Pascual, de una medida que posibilitaría la incorporación de muchos trabajadores ahora inactivos. A las residencias también les facilitaría mucho el trabajo "no tener que rellenar tantos cuestionarios sino tener uno solo que pudiera dar respuesta a todo", cuestiones como por ejemplo sobre defunciones, enfermos o personal ausente.

A pesar de las críticas a la gestión de los poderes públicos, Pascual se ha mostrado dispuesta a "sumar" y ha evitado profundizar en "negligencias", y ha evitado pedir dimisiones, algo que ha dicho que ya habrá tiempo de analizar cuando se supere esta emergencia.

El Gobierno pide a las CCAA datos de las residencias

El Gobierno ha solicitado este domingo a las comunidades autónomas que faciliten antes de este miércoles 8 de abril "toda la información" sobre la situación de las residencias de mayores, sean públicas o privadas, unos datos que tendrán que ir actualizando desde entonces dos veces por semana.

En la comparecencia posterior a la conversación mantenida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con los jefes de los gobiernos autonómicos, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha anunciado que se ha solicitado esta información sobre unos centros donde habrían fallecido miles de ancianos en las últimas semanas.

En muchos de los casos no se han realizado pruebas que permitan determinar si la causa de las muerte es el contagio por COVID-19. El ministro de Sanidad ha indicado que con la modificación de la orden anterior, buscan tener "la foto fija" de lo que está pasando en los centros de mayores, ya que algunas comunidades autónomas han remitido los datos al Gobierno y otras no lo han hecho, con lo que ahora se unificarán los criterios de los que se ha de informar. "El presidente del Gobierno hoy ha puesto el acento en disponer de esa información", ha reseñado Illa, que considera "muy importante" tener esos datos cuanto antes.

Las comunidades autónomas deberán cumplimentar y remitir al Ministerio de Sanidad la información antes del miércoles, y desde entonces la tendrán que actualizarla cada martes y viernes antes de las 21.00 horas. "La Unidad Militar de Emergencias ha podido comprobar una situación difícil de compatibilizar con la humanidad", ha dicho respecto a las residencias el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Según ha indicado Grande-Marlaska, la Policía y la Guardia Civil están realizando y aumentando número de comprobaciones y visitas a las residencias "para evitar que haya ningún tipo de disfunción en un momento de máxima emergencia y sensibilidad".

Los test en las residencias prioritarios

Además, el Gobierno recomienda a las autonomías que den prioridad a la realización de pruebas diagnósticas de los residentes y de los trabajadores, y que facilite equipos de protección individual al menos cuando en los centros residenciales se detecten residentes contagiados. Hasta el momento, según ha indicado la ministra de Defensa, Margarita Robles, el Ejército ha desinfectado más de 2.000 residencias, algunas de los cuales "lo están pasando muy mal, y se ven muy impotentes".

El Gobierno añade que las comunidades autónomas tendrán que establecer la forma y plazo en que los titulares de los centros residenciales deberán remitir la información. Solo en la Comunidad de Madrid han fallecido unas 3.000 personas mayores en residencias, 2.000 más de lo habitual, según explicó esta semana la presidenta regional, Isabel Díaz-Ayuso.