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La Audiencia de Alicante ha condenado a un hombre a cuatro años de prisión por abusar sexualmente de dos chicas menores de edad en Benidorm. El individuo, de 46 años, se ofreció para fotografiarse junto a ellas disfrazado de oso panda.
La sentencia, dictada por un tribunal de la Sección Décima, considera que el acusado, de nacionalidad ecuatoriana, es responsable de dos delitos de abuso sexual cometido sobre menores de 16 años -10 y 11 años en el momento de los hechos-, después de que el propio procesado asumiese la autoría de los hechos y expresase su conformidad ante la pena solicitada por la Fiscalía.
Los abusos se produjeron el 9 de noviembre de 2019, en torno a las 17 horas, en la céntrica calle Emilio Ortuño, en la que el acusado se ofreció a un grupo de niñas "para que se hiciesen fotos con él", al estar disfrazado de oso panda.
Las menores accedieron y se colocaron a ambos lados del procesado para fotografiarse, cuando el acusado, "movido por una evidente intención de satisfacción sexual", palpó de forma reiterada las nalgas de una de las menores, de 11 años en el momento de los hechos, que se apartó del lugar asustada.
Después, con la misma intención, el acusado agarró las nalgas de una segunda menor, que entonces tenía 10 años. Las menores dieron aviso de lo sucedido, lo que permitió el arresto del acusado. El hombre admitió los hechos en el momento del juicio, por lo que el tribunal procedió a dictar sentencia sin que fuese necesaria la continuación de la vista.
Así, en su resolución, ha acordado imponer los cuatro años de privación de libertad (dos años por cada delito) que se sustituyen por una orden de expulsión del territorio español y prohibición de entrada por cinco años, por cada delito, "con apercibimiento de cumplimiento de la pena de prisión impuesta si la infringiera".
Además, se impone la prohibición de aproximación a las menores a menos de 500 metros durante cinco años y se le inhabilita para cualquier profesión u oficio que conlleve contacto con menores durante otros seis años. Igualmente, se le impone la medida de libertad vigilada, una vez extinguida la pena de prisión, por tiempo de otros cinco años.
La resolución es firme y contra ella no cabe recurso alguno.