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La Audiencia de Alicante ha condenado a cuatro años de prisión a un septuagenario por abusos sexuales continuados a una niña, aprovechando la relación de amistad y confianza que le unía a la familia de la menor, que tenía 13 años cuando ocurrieron los hechos.
Como consecuencia de los abusos, la menor desarrolló pánico hacia el acusado y manifestaba frecuentes pesadillas, crisis de ansiedad, miedos a la presencia de personas de parecidas característica a las del procesado y temor a mostrar su propio cuerpo, por lo que requirió de tratamiento médico y psicoterapia.
El procesado, natural de Albacete y vecino de Alicante, acudía a la vivienda de los padres de la niña, haciéndolo en diversas ocasiones a partir de los primeros meses de 2017, para acompañar a su nieto a recibir clases particulares en el domicilio, según la sentencia de la sección tercera de la Audiencia de Alicante, facilitada por el Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV).
La resolución judicial, que no es firme y contra la que cabe interponer recurso de apelación, señala que tres de los casos de abusos sexuales se produjeron con la excusa por parte del condenado de darle un masaje a la niña. Uno de estos episodios fue relatado por la menor a sus progenitores, quienes restaron importancia ante la plena confianza que tenían en la conducta del procesado.
En fechas posteriores, la menor se negó a ir con el resto de la familia al cumpleaños del nieto del acusado, temerosa de encontrarse nuevamente con él.
En esa ocasión, la niña contó a su madre lo acaecido con el procesado durante los meses anteriores, lo que derivó más tarde en una denuncia contra él, tras ser corroborada la versión de la víctima ante los psicólogos y otros profesionales a los que fue llevada a instancias de la familia.
Además de una pena de cuatro años de cárcel, el tribunal impone al acusado la prohibición de aproximarse y acercarse a la menor a una distancia de 300 metros, así como de comunicarse con ella por cualquier medio por tiempo de ocho años.
Igualmente permanecerá en libertad vigilada durante cinco años tras cumplir la sentencia y estará inhabilitado por un periodo de ocho años para ejercer cualquier profesión u oficio, sea o no retribuido, que conlleve contacto regular y directo con menores.
También deberá indemnizar a la víctima de los abusos con 19.406,59 euros por los perjuicios causados.