El cazador que disparó a una perra en Chantada (Lugo) y después la arrastró brutalmente por el suelo ocasionándole graves heridas que acabaron con su vida días después se justificó ante la Guardia Civil alegando que el animal era "un peligro" para los coches.
Así consta en el atestado de la Benemérita en el que se explica la versión que ofreció a los agentes que se personaron en la zona cuando tuvieron conocimiento de los hechos. El hombre, vecino de la mencionada localidad, admitió que había disparado con una escopeta al perro, que llevaba unos 15 días por la zona.
El testigo que que vio al hombre arrastrando a la perra y grabó un vídeo que posteriormente se viralizaría en redes sociales declaró que, tras recriminarle sus actos al cazador, éste le respondió "que había llamado a varios sitios para que lo recogiesen y que le hicieron caso omiso". El testigo también explicó que el autor confeso de la agresión volvió a su casa para dejar la escopeta y regresó con un cordón y "el mástil de un pastor eléctrico" para atar al animal y arrastrarlo "unos 200 metros", en sus palabras, para llevarlo "para su casa".
Tras llamar el testigo a la Guardia Civil, el cazador se puso nervioso y amenazó con "coger un palo y darle un golpe en la cabeza" al animal "para que no sufriera", cosa que finalmente no hizo. A su llegada, los agentes de la Benemérita comprobaron que la perra acababa de parir seis cachorros que se encontraban en el interior de un galpón cerrado y fueron trasladados a una clínica veterinaria.
El partido animalista Pacma ha convocado movilizaciones y presentado una denuncia penal contra el hombre, para el que reclama "la máxima condena", aunque el propio partido admite que lo más probable es que no entre en prisión "salvo que tenga antecedentes penales". Sobre la situación de abandono de la perra, la asociación animalista Libera ha recordado que es "competencia de las administraciones locales la recogida y acogida de los animales sin hogar".
Al parecer, el animal había sido visto en diferentes zonas de Chantada "sin que fuera efectivamente rescatado", lo que significaría una falta de cumplimiento de la normativa autonómica. Por ello, los defensores de los animales relaman que "se depuren posibles responsabilidades administrativas" por lo sucedido.