{{#section.link.href}}
{{section.link.title}}
{{/section.link.href}}
Jéremi José Vargas tenía siete años cuando desapareció en Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria) en 2007, un caso sin resolver. El letrado de su familia ha presentado un escrito ante el juez que instruyó el caso, en el que pide que reabra el procedimiento.
Antonio Ojeda 'el Rubio' confesó a dos presos que él "le había hecho desaparecer". Incluso aportó detalles de dónde había ocultado su cuerpo. Cumplía condena en la cárcel de Botafuegos (Algeciras), por abusar de otro menor. Dos casos con muchas similitudes.
En ambos el hombre se presentó voluntariamente como testigo y declaró haber estado en los lugares y horas señalados. Pasó cinco años en distintos centros penitenciarios y aunque la Guardia Civil investigó su posible implicación en la desaparición de Yéremi Vargas el magistrado sobreseyó el caso.
El texto firmado por Marcos García Montes señala: "al haberse obtenido datos recientes que demuestran la improcedencia del archivo de la causa, con la aparición de nuevos indicios sobre la desaparición del menor Jéremi José Vargas Suárez, venimos a solicitar la reapertura del procedimiento, así como la práctica de nuevas diligencias".
Expone sus argumentos al titular del Juzgado de Primera Instancia número 2 de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) y considera necesaria su valoración en la oportuna fase judicial, para obtener una condena o la absolución del sospechoso. También pide que vuelvan a buscar al pequeño, con técnicas más modernas con el objetivo de recuperar sus restos y esclarecer lo ocurrido.
De esta manera, el letrado abre la vía para que el auto pueda ser recurrido y finalmente estimado por el Tribunal Superior de Justicia. Mientras, la Guardia Civil debe esperar la decisión del juez. Si el procedimiento se reabriera, los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) recabarían todos los indicios obtenidos y a tener en cuenta: qué pruebas proponen y en base a eso, volver a retomar la causa contra 'el Rubio'.
Fuentes del instituto armado explican a NIUS que "no parece razonable volver a tomar declaración al procesado, ya que en su día se negó. Podría hacerse una reconstrucción de los hechos o tomarle muestras de ADN -a lo que siempre se negó-. También volver a interrogar a los dos presos que consiguieron entresacar al presunto agresor una confesión de su autoría". El juez desestimó sus testimonios porque pensaba que incurrían en contradicciones.
El 10 de marzo de 2007, José acudió al cuartel para denunciar la desaparición de su nieto, Jéremi Vargas. Pasaba la una y media de la tarde. Estaban celebrando su cumpleaños. Varios niños jugaban en un solar colindante a su vivienda, en la calle Honduras del municipio de Vecindario. Todos entraron en la casa para comer, excepto él.
Llevaron a cabo diversas diligencias policiales e investigaciones para averiguar lo sucedido y tratar de identificar a los implicados. El 3 de septiembre Antonio Ojeda se personó voluntariamente con el pretexto de aportar información relevante. Contó a los agentes que había estado en el lugar de los hechos y que había visto a un hombre, incluso aportó datos personales.
Todas las informaciones fueron contrastadas y desmentidas. 'El Rubio' consiguió así quitarse del punto de mira. García-Montes considera que su primera declaración es "un elemento indiciario que se ha intentado anular, al menos en cuanto a su valor probatorio", según señala en el escrito.
Varios testigos aseguraron que 'el Rubio' tenía problemas con el alcohol. Acudía a diario al bar Nisio a diario, a escasos metros del solar y desde el que podía verse a los niños. El letrado lamenta que no se haya podido"contar con la inmediación necesaria sobre dicha diligencia policial, restando validez a dicho indicio y sospechas". Añade que su aspecto físico "también es otro elemento que encajaría en el perfil de persona susceptible de haber cometido los hechos".
Otro de los testigos claves en el caso fue un niño de 11 años. Afirmó haber visto un coche blanco circulando en dirección contraria el día de los hechos, en la hora próxima a la desaparición del menor. Dio el nombre de un determinado modelo que quedó descartado y no pudo identificar al conductor, aunque hablaba de un hombre con una gorra, una prenda de vestir que Antonio Ojeda siempre utilizaba. El juez también desestimó este relato al considerar que carecía de valor.
En febrero de 2015 -ocho años después de la desaparición de Yéremi-, 'el Rubio' se encontraba en el módulo 12 de la prisión gaditana de Botafuegos. Compartía celda con otro interno -a modo de soplón- y esoplón-staba sometido a vigilancia especial, a través del Grupo de Control del centro penitenciario.
En una conversación privada le confesó a su compañero que "había hecho desaparecer al chiquillo" y que se había desecho del cadáver en un vertedero. Había sido condenado a cinco años de cárcel por un delito contra la indemnidad sexual de otro menor, lo que siempre intentaba ocultar.
Según figura en la sentencia, el interno de confianza acudió a declarar a sede judicial. Manifestó que después de haber estado en una videoconferencia 'el Rubio' se había venido abajo y habían hablado del tema. "Antonio me dijo que el niño llegó de color azul y que había fallecido por algo de asfixia o algo. Que Antonio más o menos le refleja que puedo usarse disolvente o alguna sustancia", consta en el escrito, que el juez no tuvo en cuenta.
Este recluso se lo había al funcionario encargado del grupo e Instituciones Penitenciarias había facilitado un informe a la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Las Palmas. Tenían "un individuo concreto, policialmente relevante y que pudiera haber tenido que ver en los hechos".
'El Rubio' se exculpaba cuando denunciaba como testigo y señalaba a posibles responsables. Cuando le interrogaban como sospechoso siempre se negaba a declarar. En el escrito presentado al juez, el letrado plantea: en los dos procedimientos en los que Ojeda se vio implicado, dejó un lapso de tiempo de seis meses hasta que acudió a una sede policial. "A esta representación le aborda la enorme duda, de si de verdad quería colaborar en la búsqueda del menor, por qué no mencionó dicho hecho antes."
La Sentencia de 26 de junio de 2003, concluyó que "es cierto que el silencio del acusado o la falta de veracidad de su versión exculpatoria no son por sí solos suficiente prueba de cargo, de modo que no puede considerarse enervada la presunción de inocencia si no se dispone de otros elementos probatorios".
'El Rubio' quedó en libertad en marzo de 2020 y ante los medios de comunicación manifestó: "Yo no tengo nada que ver con la denuncia de ese menor por la que ha cumplido condena. Yo no lo hice". El abogado de la familia solicita ahora que le practiquen análisis psicológicos y grafológicos para descartar su implicación.