"No podemos iniciar la desescalada sin saber lo que tenemos dentro de las cárceles"

Las cárceles continúan su camino hacia la desescalada. Cerca de 5.000 internos han vuelto a ver a sus familias desde la entrada en vigor -el pasado jueves- de la Orden del Ministerio del Interior para flexibilizar las medidas adoptadas para evitar la expansión del COVID-19 y que ya se han puesto en marcha en las provincias que se encuentran en la fase uno o dos. Además, casi 300 han comenzado a salir de permiso, a la calle. Este fin de semana abrirán sus puertas los centros de Valencia, Málaga y Albacete.

Estos presos ya pueden recibir visitas a través de locutorios con mamparas de cristal, que deben ser desinfectados después de cada comunicación. También disfrutar de los permisos de salida que tenían pendientes antes de decretarse el estado de alarma, siempre que se haga dentro de la misma provincia. Según ha informado Instituciones Penitenciarias, además van a estudiar uno a uno los casos de aquellos reclusos que estén en tercer grado o en régimen de semilibertad para que terminen de cumplir las condenas en sus casas, con un control telemático.

Los trabajadores penitenciarios consideran que esta "nueva normalidad" pretende hacerse de forma precipitada y critican a la administración por no tenerles en cuenta en la toma de decisiones. Los internos no pueden vivir aislados del mundo, debemos mantener un equilibrio con los ciudadanos en el resto del país" , dice Pedro Martínez, médico en la cárcel de Ocaña y representante del sindicato CESM.

Estos facultativos han presentado un escrito al Ministerio de Sanidad, el Ministerio del interior y la Secretaría General de Instituciones penitenciarias, con sus recomendaciones, comenzando por hacer las pruebas a todos los trabajadores y la población reclusa para detectar posibles casos, evitar que haya contagios y llevar un seguimiento.

"No podemos iniciar la desescalada sin saber lo que tenemos dentro de las cárceles. Primero deberíamos conocer cuál es la situación actual. Las prisiones son instituciones cerradas, donde viven concentradas miles de personas, muchas de ellas con patologías previas y el virus podría tener consecuencias parecidas a las de las residencias, con una alta mortalidad. Partimos del déficit humano, falta la mitad del personal médico y la mayor parte de los facultativos tenemos más de 50 años", afirma Martínez.

Hasta ahora han conseguido controlar los brotes epidémicos detectados en las cárceles y minimizar los riesgos. "Mientras no llegue una vacuna que consiga un nivel aceptabale de inmunidad de grupo deberíamos seguir unas pautas, basadas fundamentalmente en criterios sanitarios", explica el doctor.

El punto de partida sería analizar la situación inmunológica de todos los trabajadores penitenciarios. Piden a los Servicios de Salud Laboral que les realicen las pruebas serológicas para detectar posibles casos. De este modo evitarían los contagios y al mismo tiempo reducirían el número de bajas, ya que actualmente 267 funcionarios se encuantran bajo observación médica, en cuarentena domiciliaria, ante posibles sospechas.

Por otro lado solicitan a las comunidades que les doten de material adecuado para el diagnóstico de los internos, una población limitada, compuesta por unas 58.300 personas y en la que se pueden establecer determinadas prioridades, dependiendo del nivel de riesgo.

"Empezamos sin el personal necesario y sin los medios técnicos adecuados. Dentro de un mes se habrá reactivado todo, por lo que debemos establecer mecanismos de control para que no se escape ningún diagnóstico y se evite la propagación. Si los internos empiezan a retomar las consultas en el exterior, se reanudan los juicios y las salidas de permisos, no podremos hacerlo con suficiente fluidez y las garantías necesarias. No podemos mantener a estas personas aisladas durante dos semanas, colapsando los módulos y extremando las precauciones", aseguran estos facultativos.

Actualmente la mayor parte de los presos pasan el día recluidos en sus celdas. Algunos salen por la tarde, después de la hora de la siesta, para hacer pequeñas compras en el economato, llamadas telefónicas o caminar por el patio. Tienen miedo a los contagios. Confinados en apenas unos metros cuadrados, sufren las consecuencias físicas y psicológicas y según relatan sus familiares, sufren más depresiones y aumenta la tensión.

Los médicos penitenciarios recomiendan el uso de mascarillas quirúrgicas para todas las personas en el interior de los centros penitenciarios, igual que se pide al resto de los ciudadanos en el trasporte público o en los establecimientos cerrados y que ya es obligatorio. Por eso exigen la dispensación de estas mascarillas a todos los internos, además de la puesta a su disposición de hidrogeles o la limpieza y desinfección periódica de las celdas.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), ha presentado este jueves una denuncia ante la Inspección de Trabajo contra la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias por no dotar de mascarillas adecuadas a los funcionarios, que cubren turnos de 38 horas de servicio con una mascarilla quirúrgica.

Tambié piden que se extremen las medidas higiénicas y sanitarias y se establecezcan distintos turnos para la utilización de las zonas comunes, con el fin de manterner las distancias de seguridad. Piden que se mantengan las comunicaciones telemáticas en la medida de lo posible, para poder minimizar los contactos con personas del exterior.

En Estremera hace unos días se reanudaron los talleres de producción. Un recluso se cortó dos dedos y tuvieron que trasladarle a un hospital para amputárselos. Le hicieron la prueba del COVID-19 y dió positivo, por lo que el centro ha tenido que dar marcha atrás y suspender todas las actividades.

Precisamente en esta cárcel han muerto dos personas a consecuencia de este virus: una interna y una auxiliar de enfermería. Ha sido una de las más castigadas y según los datos oficiales registrados este miércoles, en su interior se han descubierto 13 nuevos casos en las últimas horas, 44 reos continúan aislados en un módulo por estar infectados y cinco han tenido que ser hospitalizados, aunque ya han recibido el alta y han regresado a sus celdas.

Por otro lado, los funcionarios de prisiones también critican la improvisación con la que se actúa y la emisión de nuevas órdenes de servicio cada día. Este miércoles la Secretaría General de Instituciones penitenciarias dictó medidas de seguridad específicas para actuar con los reclusos más peligrosos, incluídos en el régimen FIES, que elimina la obligación de sacarles esposados de sus celdas.

La Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP) critica esta medida al considerar que pone en peligro la integridad física de los trabajadores encargados de su custodia y consideran que esta labor podría realizarse con medios de protección adecuados.

"Estos internos se encuentran en control directo por su extremada peligrosidad y han protagonizado motines o altercados graves, agresiones a funcionarios de prisiones, a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o a otros internos. Claro ejemplo lo tenemos con Igor el Ruso, quien es trasladado a los Juzgados con un un amplio dispositivo y un grupo de intervención completamente armado, en el juzgado no sólo permanece esposado sino que se fabricó una mampara especial durante el juicio. Mientras nosotros carecemos de todo tipo de protección, ni siquiera una mascarilla", relata un portavoz.