La jueza del caso Diego Bello en Filipinas considera acreditado que los policías mataron al coruñés y rechaza archivar la causa
La jueza de Manila respalda las pruebas contra los policías acusados de matar a Diego Bello y rechaza archivar la causa
La familia de Diego Bello expuso en el juicio "las amenazas de muerte" que sufrió el coruñés antes de su asesinato en Filipinas
El Tribunal Regional de Primera Instancia de Manila ha rechazado la petición de los tres policías filipinos acusados de asesinar al coruñés Diego Bello Lafuente en enero de 2020 para que se archivaran las causas contra ellos. La magistrada que se encarga del caso considera acreditada su responsabilidad a partir de las pruebas examinadas durante el procedimiento, un nuevo avance judicial en un caso que la familia del joven lleva años intentando esclarecer.
Así lo ha adelantado 'La Voz de Galicia'. La decisión no supone todavía una sentencia condenatoria. Los tres agentes podrán presentar pruebas en su defensa antes de que se dicte una resolución definitiva, pero el rechazo de su solicitud supone que el procedimiento continuará adelante pese a los intentos de la defensa de cerrarlo. Los acusados son el capitán Vicente Pañuelos y los sargentos Ronel Azarcón y Nido Boy Esmeralda, investigados por la muerte a tiros del empresario gallego y por la presunta manipulación de pruebas.
La resolución llega después de años de litigio y de que distintas investigaciones cuestionaran la versión ofrecida inicialmente por la Policía filipina, que presentó la muerte de Diego como el resultado de una operación antidroga en la que supuestamente el español abrió fuego contra los agentes. La familia siempre ha defendido que se trató de una ejecución y que se construyó un escenario falso para justificar los disparos.
La decisión del Tribunal Regional de Primera Instancia de Manila se suma a otro pronunciamiento relevante de mayo de 2025, cuando el tribunal rechazó conceder la libertad bajo fianza a los tres policías. En aquella ocasión, la jueza consideró que "la evidencia de culpabilidad es sólida", después de valorar las pruebas aportadas por la Fiscalía, entre ellas los informes que cuestionaban la existencia de un enfrentamiento armado.
El informe del NBI desmontó la versión de la operación antidroga
Una de las piezas centrales del procedimiento es el informe de la Oficina Nacional de Investigación de Filipinas (NBI, por sus siglas en inglés), que cuestionó la explicación policial sobre lo ocurrido la noche en que murió el coruñés. Los agentes aseguraron que habían organizado una operación para detenerlo por su presunta vinculación con el narcotráfico y que abrieron fuego después de que él disparara contra ellos.
Sin embargo, la investigación del NBI concluyó que no había constancia de un enfrentamiento armado como el descrito por los policías. Según las pesquisas, Diego no figuraba en la información de inteligencia previa de la Agencia Antidroga de Filipinas (PDEA) ni aparecía en su lista de sospechosos relacionados con actividades ilegales vinculadas a las drogas.
La investigación también cuestionó que el joven estuviera armado y apuntó a que los disparos continuaron cuando ya se encontraba en el suelo. La Fiscalía sostiene que los agentes manipularon la escena para simular que Diego había iniciado el tiroteo y justificar así su muerte. Entre las presuntas pruebas colocadas en el lugar se encontrarían un arma de fuego y una dosis de cocaína, extremos que forman parte de las acusaciones contra los policías.
La madre de Diego declaró en Manila sobre las amenazas que había recibido
El pasado 16 de enero, Pilar Lafuente, madre de Diego, compareció ante el tribunal de Manila y declaró sobre las amenazas de muerte que, según relató, había recibido su hijo durante los meses anteriores al crimen. Fue la primera vez que sus familiares pudieron ver directamente en una vista judicial a los tres policías acusados de acabar con su vida.
Según el comunicado difundido por la familia, Pilar explicó que Diego le había contado dos episodios que le hicieron temer por su seguridad. En el primero, una persona habría colocado un arma de fuego sobre una mesa durante un encuentro, en un gesto que el joven interpretó como una advertencia. En el segundo, Diego y su socio habrían sido intimidados por Miguel Villafuerte, entonces gobernador de la provincia de Camarines del Sur y miembro de una influyente familia política filipina.
Tras declarar, Pilar aseguró a 'EFE' que estaban "satisfechos" porque habían podido ser escuchados por la jueza y aportar información que llevaban tiempo guardándose. El testimonio incorporó al juicio los antecedentes de las amenazas que, según la familia, sufrió el empresario. La relación de estos episodios con el asesinato deberá valorarse dentro del procedimiento, sin que su exposición implique por sí misma que se haya acreditado una conexión causal.
Qué ocurrió la noche en que murió Diego Bello y cómo ha avanzado la causa
Diego Bello, natural de A Coruña, tenía 32 años cuando murió tiroteado el 8 de enero de 2020 en la isla filipina de Siargao, donde había construido una vida ligada al surf y los negocios. Era empresario y regentaba, entre otras actividades, la discoteca La Santa. La Policía presentó su muerte como el resultado de una operación contra el narcotráfico enmarcada en la guerra contra las drogas impulsada por el entonces presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte.
Los agentes sostuvieron que el español era un narcotraficante de alto valor y que habían preparado una operación para detenerlo. Según su versión, Diego se habría resistido y habría disparado primero, por lo que los policías respondieron abriendo fuego. El joven recibió seis disparos. Sin embargo, las dudas sobre la existencia de esa operación y los indicios de una posible alteración de la escena llevaron a cuestionar el relato policial. Las pesquisas del NBI concluyeron que no había pruebas que vincularan previamente a Diego con el narcotráfico y pusieron en duda que hubiera existido un tiroteo en los términos defendidos por los agentes.
La investigación desembocó en la acusación contra el capitán Vicente Pañuelos y los sargentos Ronel Azarcón y Nido Boy Esmeralda por asesinato y por la presunta manipulación de pruebas. El juicio comenzó en octubre de 2023 y, desde entonces, la familia ha seguido desplazándose a Filipinas para reclamar justicia. Ahora, en octubre de 2026, la jueza ha rechazado archivar las causas y ha considerado acreditada la responsabilidad de los policías, a la espera de que puedan presentar sus pruebas de defensa y se dicte una sentencia definitiva.