El confinamiento por la covid19 nos permitió respirar un aire "excelente"

La reducción de la movilidad por la pandemia del coronavirus generó una mejora de la calidad del aire "sin precedentes", pero la totalidad de la población española siguió respirando aire insaluble en 2021, según concluye Ecologistas en Acción en el Informe sobre la Calidad del Aire en España tras analizar los datos recogidos en 800 estaciones oficiales de medición instaladas en todo el país.

En concreto, el informe concluye que en 2021 la calidad del aire en España ha seguido mejorando de forma sustancial, en línea con 2020, con una reducción notable de los niveles de dióxido de nitrógeno (NO2), dióxido de azufre (SO2) y ozono troposférico, y más matizada de los de partículas en suspensión (PM10 y PM2,5), en sus mínimos de la última década y seguramente también desde que existen mediciones, en 1990.

El estudio toma como referencia los nuevos valores máximos de contaminación recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el objetivo a largo plazo para proteger la vegetación de la Unión Europea.

De acuerdo con esos niveles, el aire contaminado afectó en 2021 a la totalidad de la población española, así como a 400.000 kilómetros cuadrados, el 80 por ciento del territorio.

Mientras, si se tiene en cuenta los estándares de la normativa, más laxos que las recomendaciones de la OMS, la población que respiró aire contaminado por encima de los límites legales fue de 5,4 millones de personas, una décima parte del total y 7 millones de afectados menos respecto a 2019.

En total, la superficie expuesta a niveles de contaminación que dañan la vegetación alcanzó 122.000 km2, una cuarta parte del territorio y la mitad de superficie que en 2019.

La estabilidad atmosférica primaveral activó los episodios de contaminación por partículas, en su mayor parte procedentes del norte de África. El invierno en cambio resultó inestable y húmeda, favoreciendo la dispersión y deposición de los contaminantes típicos de esta estación (NO2 y partículas). El relativamente moderado calor estival contribuyó al descenso del ozono, pese a la intensa ola de calor de mediados de agosto.

La mejoría de la calidad del aire se explican por la restricción general de la movilidad y la contracción económica derivadas de las medidas adoptadas para combatir la COVID-19. A ello también contribuyó el cierre de la mayoría de las centrales térmicas de carbón también ha contribuido localmente a la drástica disminución de las emisiones.

En las zonas urbanas la principal fuente de contaminación en las áreas urbanas, donde se concentra la mayor parte de la población, es el tráfico motorizado. En determinadas áreas fabriles y en el entorno de las grandes centrales termoeléctricas son estas fuentes industriales las que condicionan de manera decisiva la calidad del aire.

El informe de Ecologistas explica que el ozono un año más presentó una mayor extensión y afección a la población aunque la frecuencia de las superaciones de los niveles estándardes legales y de la OMS fue "muy inferior" a la de los años precedentes. Así, con un descenso legal y de la OMS ha sido muy inferior a la de años precedentes, con un descenso de respectivamente el 57 por ciento y el 37 por ciento en relación al promedio de las registradas en el periodo 2012-2019, en el conjunto del Estado, y una caída drástica en las superaciones del umbral de información.

En cuanto a las partículas PM10 y PM2,5 y el dióxido de nitrógeno (NO2) en el aire siguieron afectando a la práctica totalidad de la población española. Pese al desplome general del NO2 en un 25 por ciento respecto al nivel medio entre 2012 y 2019, el informe recuerda que Madrid siguió incumpliendo el límite legal anual, por lo que el Tribunal Europeo de Justicia.

Asimismo, puntualmente, la localidad de Villanueva del Arzobispo (Jaén) se superó el objetivo legal del cancerígeno benzo(a)pireno, contaminante relacionado con la combustión de la biomasa cuya medición es ocasional, pese a lo cual se detectan niveles preocupantes para la salud en territorios rurales de Andalucía, Aragón, Castilla y León, Cataluña o Galicia, además de en el entorno de determinadas industrias siderometalúrgicas de Avilés, Gijón y La Coruña.

Para Ecologistas en Acción, este informe debería abordarse como un problema de primer orden ya que cada año se registran hasta 30.000 muertes prematuras en el Estado español por afecciones derivadas de la contaminación del aire, según la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA).

De acuerdo con el Instituto de Salud Carlos III, 10.000 de ellas fallecen en episodios de alta contaminación. Por ello, la ONG califica de "excelente noticia" la mejora de la situación en 2021.

En este sentido, afirma que los costes sanitarios y laborales derivados de la contaminación atmosférica representan 50.000 millones de dólares al año, un 3,5 % del PIB español, según el Banco Mundial, sin considerar el coste de los daños provocados sobre los cultivos y los ecosistemas naturales.

En este contexto, la ONG recuerda que una decena de comunidades autónomas sigue incumpliendo la obligación de elaborar planes de lucha contra el ozono en las zonas donde se exceden los objetivos legales.

De ese modo, aconseja disminuir el tráfico motorizado para mejorar la calidad del aire en las ciudades y potenciar la movilidad activa peatonal y ciclista y el transporte público limpio. También insiste en que es "necesario" promover el ahorro energético, adoptar las mejores técnicas industriales disponibles, cerrar las centrales térmicas de combustibles fósiles, penalizar el diésel, reducir el uso del avión, designar un área de control de las emisiones del transporte marítimo en el Mediterráneo, y una moratoria de las nuevas macrogranjas ganaderas.

Finalmente, recuerda que la Ley de Cambio Climático obliga a todas las ciudades de más de 50.000 habitantes cuenten con zonas de bajas emisiones antes de 2023. Sin embargo, advierte de que la mayoría de las ciudades no está declarando estas zonas pese a los fondos públicos que están recibiendo para su implantación.

Además, las ya declaradas en Madrid y Barcelona han sido anuladas por resoluciones judiciales que en la práctica hacen prevalecer un supuesto derecho a desplazarse por la ciudad en coche sobre la salud pública y el medio ambiente.